A casi cuatro años de la desaparición del joven de 16 años, quien antes había sido detenido y golpeado al menos en dos ocasiones por efectivos de la comisaría 8ª de La Matanza por negarse a robar, el dirigente respaldó el pedido de organismos de derechos humanos de solicitar que la causa pase a la justicia federal y se caratule como "desaparición forzada de persona".

De esta manera, aseguró el referente de la APDH en diálogo con Télam, "la policía que es sospechada de estar involucrada en el hecho, dejaría de ser parte de la investigación".

La desaparición de Arruga fue investigada como "averiguación de paradero" por la fiscal Roxana Castelli -organismos de derechos humanos y familiares cuestionaron su accionar y solicitaron juicio político- y pasó luego a manos de la fiscal Celia Cejas.

De la investigación a cargo de personal policial, Pimentel aseguró que "los mismos policías cambiaron el escenario del crimen" y sostuvo que "estamos convencidos de que existen suficientes pruebas para procesar a ocho efectivos" que, denunció, "aún siguen en actividad en distintas comisarías bonaerenses".

"No podemos naturalizar que siga desapareciendo gente por vía institucional", reclamó Pimentel sobre los casos que definió como "reclutamiento de pibes en estado de vulnerabilidad para robar".

"Cuando un policía invita a un pibe a hacer esto, ya lo está condenando a muerte o a prisión", advirtió Pimentel basado en denuncias recogidas por la APDH sobre otros casos de "policías que buscan pibes, los cargan, les dan armas, liberan la zona y ocasionan robos".

A su vez, Pimentel pidió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que "cumpla con el compromiso que asumió ante su familia".

Se refiere a la reunión realizada en agosto de 2012 en la que plantearon la exoneración de los ocho policías presuntamente involucrados, la recuperación del destacamento donde presuntamente habría muerto Arruga como sitio de memoria, y la condena pública por el accionar policial para que no se naturalicen estos hechos".