En Libertador General San Martín, decenas de vecinos no pudieron acceder a planes de empleo y perdieron la Asignación Universal por Hijo por figurar como trabajadores municipales. Aseguran que jamás cobraron.

Otra vez el intendente Jorge Ale se ve envuelto en una polémica vinculada a un caso de corrupción. El mandatario del Frente para la Victoria fue denunciado el lunes pasado ante la Justicia penal por malversación de fondos y estafa, entre otros delitos.

En concreto, se lo acusa de tergiversar el listado que regularmente envía a la Provincia con los pagos de salarios y planes de empleo que cada mes realiza a unos 654 vecinos. La trampa está a la vista: varios de ellos nunca se enteraron de que desde hace tres años cobran un sueldo del Estado.

Los denunciantes estiman que la estafa asciende a unos 250 mil pesos por mes. Y como comenzó hace tres años, la suma llegaría a 12 millones de pesos.

También se detectaron diferencias entre los sueldos efectivamente cobrados por los beneficiarios de planes de empleo y los que se mencionan: mientras se percibe un máximo de 400 pesos pesos al mes, ninguno aparece en los papeles por menos de 800 pesos.

¿Quién se quedó con los sueldos truchos? ¿Y con la diferencia entre lo que paga la Provincia y lo que cobran los vecinos? La Justicia deberá investigarlo.

Testimonio

“Con el número 474 aparece mi nombre con mi número de CUIL y percibiendo un aporte de mil pesos. Luego me enteré que todos los meses estoy incluida en el listado”, contó en los Tribunales de San Pedro Alicia Ester Flores, una de las víctimas.
“El mío no sería un caso único y aislado, sino que tomé conocimiento de que otros agentes que figuran en las nóminas no trabajaron en los períodos denunciados”, agregó en su denuncia, en la que aportó otros nombres.

Antecedentes

La prensa local asegura que Ale es el intendente de Jujuy con más denuncias de corrupción en su historia. Uno de los casos emblemáticos es la entrega de 32 millones de pesos a la agrupación que dirige Milagro Sala, con los que se deberían haber construido 200 viviendas que nunca se hicieron.

También vinculada al déficit habitacional hay una investigación en la Legislatura de Jujuy por la muerte de cuatro manifestantes, el año pasado, durante un reclamo por tierras.

Las acusaciones siguen: un polémico pago de 5 millones de pesos a un proveedor que emitía facturas apócrifas, la vinculación de su empresa personal a una serie de licitaciones públicas y hasta la reciente denuncia por la expropiación de terrenos privados.