La clausura de las antenas de la Televisión Digital Abierta (TDA) por parte del Gobierno de Córdoba, se convirtió en un nuevo eje de polémica entre el gobernador José Manuel de la Sota y el gobierno de Cristina Kirchner, que asegura que con esa medida la Provincia “comete un delito”.

El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, calificó hoy como acto de “censura gravísimo” por parte del gobierno cordobés.

En cambio, el secretario de Ambiente de Córdoba, Federico Bocco, rechazó esas acusaciones y aseguró que se trata de “una clausura preventiva” por el riesgo de que se produzca un impacto en la salud de la población.

“En todos los lugares donde hagamos auditoría la ley rige, y lo que dice la ley es que para este tipo de emprendimientos que tienen riesgo de impacto en la salud, hace falta estudio de impacto ambiental, cuestiones que no fueron acreditadas por (la empresa nacional de comunicaciones) Arsat”, sostuvo el funcionario cordobés, en diálogo radio Mitre de la capital provincial.

“No hacemos ningún tipo de valoración ni apreciación política” en torno de la medida adoptada, subrayó Bocco, al rechazar que se trate de un acto de censura a los canales difundidos por la TDA.

Mientras tanto, los vecinos de la localidad de Leones se movilizaron este mediodía a la vera de la autopista de esa población, para pedir la “restitución” del servicio libre y gratuito.

“No es un acto político, no hay partidos políticos ni línea ideológica. Somos vecinos autoconvocados que estamos pacíficamente, sin cortar el tránsito, reclamando que en la región se restituya la televisión pública para todos y para todas”, comentó uno de los manifestantes presentes en el lugar.

La presidenta Cristina Fernández señaló en su discurso de ayer a José Manuel De la Sota, como “el gobernador que nos baja las antenas” y estimó que el mandatario cordobés “a lo mejor estará de acuerdo en pagarle a Cablevisión y no ver la televisión gratis”. La ausencia de estudios de impacto ambiental que argumenta el gobierno provincial afectó a las ciudades de Río Cuarto, Leones y Villa María, la primera gobernada por un radical y las otras dos por kirchneristas.