En la audiencia de hoy, los jueces del Tribunal de apelación recibieron la petición de la fiscal Laura Bertole, quien determinó que la pena de inhabilitación que se tenía que aplicar era de dos años.

El máximo periodo de inhabilitación que acepta la ley italiana por este tipo de delitos es de uno a tres años.

Los abogados de Berlusconi, Niccolo Ghedini y Roberto Borgogno, habían pedido al juez que se considerase la mínima pena de inhabilitación, un año, dado que el político no tiene antecedentes penales.

Berlusconi fue condenado en firme por el caso Mediaset, en el que juzgaba la compraventa de derechos de transmisión de películas estadounidenses por valor de 470 millones de euros por parte de Mediaset -el grupo audiovisual de Berlusconi- entre 1994 y 1999 con un supuesto aumento artificial del precio de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero, consignó la agencia EFE.

Para que la condena pueda ser aplicada se necesita la aprobación por parte del Parlamento ya que goza de la inmunidad como senador.

El pasado 4 de octubre, la Junta para las Elecciones y la Inmunidad del Senado italiano decidió, por mayoría, llevar la cuestión de la expulsión de Berlusconi al pleno de la Cámara alta, en fecha a determinar.

Si el Parlamento aprueba la expulsión de Berlusconi, éste quedará inhabilitado por dos años para ejercer cualquier cargo público, y permanecerá bajo arresto domiciliario durante un año con el permiso para realizar trabajos sociales.

Tras la petición de los trabajos sociales, la experiencia es que en este tipo de casos el Tribunal de Vigilancia penitenciaria tarda cerca de seis meses en dictaminar su decisión.