El Tribunal de Cuentas intimó al exintendente del Frente Cívico y Social, de Pozo de Piedra, Ramón Alfredo Guzmán, y a su exsecretario de Hacienda, Aldo Enrique Chaile, a reintegrar 576.231,43 mil pesos por las irregularidades detectadas en las rendiciones de cuentas presentadas en el primer semestre del año 2008.
La decisión del TC viene luego de los reparos formulados a las rendiciones realizadas por el área Auditoría General “B”, donde se detectaron múltiples irregularidades, como la falta de rendiciones de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, la transferencia de fondos de la caja corriente de regalías mineras sin fundamentar dichos movimientos, entre otros.
Las principales irregularidades contra por el exjefe comunal frentista son por errores detectados en registros de los movimientos del Libro Caja, donde el TC entiende que, a pesar de los ajustes posteriores, se determinaron diferencias en el saldo del citado libro. Puntualmente, detallan la “diferencia temporal entre los errores incurridos y sus respectivos ajustes”, en la que advierten también “diferencias de saldos que surgen de cotejar los importes recontados”.
Los técnicos contables del TC realizaron oportunamente los arqueos de caja, y concluyeron que los valores recontados a las fechas de los arqueos de fondos y valores descriptos no se corresponden con las disponibilidades que debieron encontrarse en caja, “por lo que se formula reparo por $576.231,43”. En ese sentido, el TC considera que, a pesar del descargo del exintendente Guzmán, “no resulta de recibo toda vez que alega que se trata de errores formales, no aportando pruebas documentales que avalen el origen y causas de los ajustes, y con ello las disponibilidades reales en caja”.
A partir de esta irregularidad, el Tribunal -amén de aprobar la rendición de cuenta- condenó a que, entre Guzmán y Chaile, reintegren a la Hacienda Pública más de medio millón de pesos; además, le aplica una multa equivalente a 8 días del haber correspondiente a los cargos que detentaban al momento de producirse las irregularidades. De esta manera, el exjefe deberá devolver $1.173,51 y su secretario de Hacienda, $810,28. Asimismo, ordena el descargo por la suma de $1.997.968,52 correspondiente a “Egresos, por unidad de Entradas-Salidas y Registros de Cuentas”. Para ello, da intervención a Relatoría Contable.
El cumplimiento por parte del exintendente debe ser dentro de los diez días de notificado el fallo, en la secretaría de Gestión Administrativa, sita en calle Chacabuco Nº 476. El Tribunal que resolvió sobre esta investigación estuvo integrado por el presidente, Mardonio Díaz Martínez, el vocal, Victor Villarroel, y la vocal subrogante, Rosa Ana Azurmendi.