La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay declaró hoy inconstitucional una ley de 2011 que había determinado que los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985) eran imprescriptibles, lo que generó tensión política e incertidumbre sobre las investigaciones en curso de estos crímenes.

La ley ahora cuestionada fue aprobada por el oficialista Frente Amplio con la meta de derogar de hecho una norma de 1986 que frenó durante años los juicios a militares por violaciones de los derechos humanos, y cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.

"Lo que la Corte hace es declarar inaplicables dos artículos en un caso concreto. Ahora los jueces dirán de qué modo esa declaración de la Corte incide en cada proceso", explicó Raúl Oxandarabat, vocero de la SCJ. El organismo justificó su decisión en que la cuestionada ley viola el principio de no retroactividad establecido en la constitución.

Los artículos cuestionados declaraban los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta marzo de 1985 "crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales", y afirmaba que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad" para su juzgamiento.

La decisión de la Corte se produce una semana después que el máximo órgano judicial trasladara a la órbita civil a una jueza penal a cargo de decenas de casos de violaciones de derechos humanos en la dictadura, decisión que despertó controversias y manifestaciones contra la independencia del Poder Judicial en Uruguay. La jueza Mariana Mota tenía a su cargo más de 40 causas de delitos de lesa humanidad. Una comisión legislativa convocó a los ministros de la SCJ para que explicaran su decisión, pero la SCJ decidió este viernes "declinar" la invitación.

La decisión de la SCJ causó decepción entre miembros del gobierno y fuerzas sociales, que convocaron para hoy a través de las redes sociales a una movilización "en silencio" en una plaza céntrica de Montevideo.

El tema de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura -torturas, encarcelamiento de miles de personas y la desaparición de unas 120 personas- es una herida abierta en URUGUAY.

Poco después de restablecida la democracia, en 1986, una ley amnistió a los militares y policías que participaron en la represión. Esa norma fue refrendada en dos consultas populares (1989 y 2009).

Sin embargo, en los años recientes algunos casos fueron excluidos de la amnistía por decisión del Poder Ejecutivo, a partir de lo cual la Justicia investigó y encarceló a cerca de una decena de ex militares y policías, y a dos ex dictadores, Juan María Bordaberry (hoy fallecido) y Gregorio Alvarez. También fueron hallados restos óseos de cerca de media docena de personas que estaban desaparecidas.

Pero organizaciones sociales y familiares de desaparecidos mantienen su reclamo de "justicia" y "verdad" en torno a los delitos que quedaron sin investigarse y castigarse, mientras que ex represores piden pasar la página sobre los hechos de la dictadura.

Tras la difusión de la decisión judicial, el gobernante Frente Amplio (FA), la central sindical Pit-Cnt y la agrupación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocaron a una concentración en silencio para el próximo lunes, "por verdad y justicia".

En tanto, el Movimiento de Participación Popular (MPP) que integra el Gobierno, analiza pedir el juicio político de los integrantes de la Corte, y denunció que “la mayoría de la SCJ es responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también, de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República”.

Fuente: Clarin