Los doce exempleados del Banco Catamarca que se acogieron al retiro voluntario con la transferencia de la entidad al Banco Nación, adelantaron que si no son contemplados dentro del marco de la Ley 5331 recurrirán a una medida cautelar. Y de no encontrar respuestas demandarán al Gobierno provincial para acceder al cobro del retiro asegurado. Además, sostienen que también les corresponde ser parte del beneficio ya que desde hace trece años no han podido insertarse en el mercado laboral.
Las versiones surgen después de la información publicada en El Esquiú.com, que da cuenta de que el Gobierno está terminando de confeccionar el decreto reglamentario que permitirá que aquellos exempleados bancarios que se acogieron al retiro voluntario, por el decreto 1772/91 de la Intervención Federal, obtengan el beneficio del retiro asegurado. Y que en el mismo no serán tenidos en cuenta los retirados de 2001.
Los exbancarios Hugo Tula, Ramón Villagrán y Pedro Argañaraz adelantaron que esperarán hasta que se implemente el decreto. Y de no ser contemplados recurrirán a la vía administrativa, y si no obtienen respuestas, presentarán una acción de amparo ante la Justicia. En ese marco cuestionaron al asesor de Gobierno, Gustavo Saadi –autor de la ley- ya que afirman que “hasta la semana pasada nos había prometido que no modificarían el dictamen de Mario Mayorga (ex asesor de Gobierno), porque era conocedor del tema y que nos correspondía a todos cobrar”.
Para justificar sus posturas entienden que en los fundamentos de la ley Saadi plantea la modificación de la Ley 5067/02, que permitirá la inclusión de exempleados del Banco de Catamarca dentro de la misma, permitiendoles a ellos gozar de los beneficios que la ley determina a partir de su promulgación. “Allí no plantean el decreto de la Intervención, pero ahora sí lo hacen en este instrumento que van a dictar. El decreto 1539, que nos separa de nuestro trabajo, también surge bajo los mismos motivos que el del año ‘91 y que es dictado en el marco de la ley Nº4639 de Reforma del Estado”.
Los que reclaman ser tenidos en cuenta en el pago son unas doce personas que no lograron reinsertarse en el mercado laboral y es por ello que, basándose en la ley aprobada en laLlegislatura -que plantea discriminación laboral-, subrayan que “ahora ellos (por el Gobierno) también nos están discriminando porque nosotros no gozamos de ningún beneficio del Estado ni tampoco nos reinsertamos en el marcado laboral”, manifestaron.
Desmintieron además que al momento de acogerse al retiro voluntario tuvieran otra opción que ésta, “que nos digan a dónde la Resolución 1761 nos plantea alguna otra opción”. Y al mismo tiempo criticaron que desde el Gobierno afirmen que los actuales funcionarios que están dentro del listado no cobran el beneficio mientras dure su mandato. “Con esto quiere decir que después pueden reclamar el pago, pero la ley es clara, el beneficio será para aquellos que no tienen nada y no pudieron reinsertarse en el mercado laboral”. Finalmente subrayan que la postura que tienen no es contra la primera mandataria provincial “sino contra los funcionarios que hoy quieren borrar con el codo lo que ayer escribieron con la mano”.