“Ni jueces ni abogados tienen coronita” dijo la presidenta de la Nación, Cristina de Kirchner, entre otros tantos argumentos esgrimidos para fundamentar su propuesta orientada a que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo, en el marco de su iniciativa propiciando la “democratización de la Justicia”.
Lo dijo el viernes en el Congreso, abriendo un nuevo período de sesiones ordinarias para los senadores y diputados nacionales, y lo repitió vía Twitter, insistiendo en que “ni jueces ni abogados tienen coronita… para ser elegidos entre ellos”. Este último párrafo lo agregó en la serenidad del vínculo más íntimo y razonado, frente a su computadora, previo al salto hacia el universo inconmensurable de las redes sociales.
Y agregó: “El poder público son los tres poderes y los tres tenemos que tener la misma transparencia”, comentando que hoy “los ciudadanos pueden elegir presidentes, gobernadores, legisladores”, para precisar que, además, con su iniciativa “no van a elegir a los jueces que ejercen. Hablamos de los consejeros”.
En la actualidad el Consejo de la Magistratura se integra con dos abogados y tres jueces propuestos por sus respectivas corporaciones, los colegios de letrados y las asociaciones de magistrados, según el caso, además de un académico, un representante del Gobierno y seis legisladores. Estos últimos son los únicos que llegan con la legitimidad de origen de haber sido elegidos por el pueblo, en cambio los restantes miembros surgen de elecciones internas o simples nominaciones en el cerrado marco de las organizaciones que representan.
Ésta es la puntual circunstancia que hizo decir a la presidenta que “los jueces y abogados no tienen coronita”. Y no tienen por qué tenerla.
Y esa definición, seguramente, una de las más escuchadas y analizadas en los últimos días en “el debate para democratizar la Justicia”, hizo recordar al columnista parlamentario Alberto Dearriba (en su nota con ese título, en el Reporte Nacional, publicado con la edición de El Esquiú.com del lunes último) a la figura “del catamarqueño peronista Vicente Leónides Saadi”, a quien presidiendo la estratégica Comisión de Acuerdos del Senado, en 1984, le tocó “trabajar a destajo para convalidar las designaciones de jueces, diplomáticos y ascensos militares” que le proponía el Poder Ejecutivo, encabezado por el flamante presidente Raúl Alfonsín.
Al respecto, Dearriba memoró que “una tarde, en la soledad de su despacho, el astuto catamarqueño (por Saadi) reconvino a un cronista”, diciéndole: “Ud. siempre cuestiona los ascensos de oficiales, que pueden ser dados de baja con la simple decisión del jefe del arma o del comandante en jefe, que es el presidente de la Nación; pero nada me dice acerca de los acuerdos para los jueces, que serán de por vida los jueces de la democracia”.
Evidentemente, Don Vicente ya empezaba advertir en aquel tiempo del renacer republicano que se trataba de un privilegio exagerado, el que ahora promueve corregir la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando para poner en marcha el proceso para “democratizar la Justicia” afirmó, sin eufemismos, que “los jueces y abogados no tiene coronita”.

Víctor “Paco” Uriarte
Columnista invitado