Los diputados provinciales Cecilia Guerrero, Raúl Chico y Hugo Argerich presentaron esta mañana una nota dirigida al presidente de la Corte de Justicia, Raúl Cippitelli, en la que piden que evalúe y resuelva con urgencia si existe mérito suficiente para promover el inicio del procedimiento para el jury de enjuiciamiento contra el fiscal de Santa María, Marcelo González. Esto a partir de los testimonios recabados entre los vecinos durante la visita que realizó la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados al departamento mencionado.
En el escrito señalan que durante el viaje recolectaron las inquietudes y reclamos formulados por vecinos de Santa María, quienes plantearon una visión profundamente crítica del accionar de González, alcanzando los cuestionamientos también el juez Acuña. “Es dable poner de manifiesto el carácter desgarrador y conmovedor de los relatos efectuados por la gente que concurrió a la aludida reunión que, en todos los casos, expresaron con absoluta claridad y contundencia la convicción de que la única salida a esta crisis de credibilidad y confianza, sería el apartamiento definitivo del Dr. Marcelo González del cargo de Agente Fiscal”, afirman.
La embestida contra el fiscal recrudeció esta semana cuando un grupo de vecinos intentó tomar el edificio judicial durante la marcha que realizan pidiendo justicia. Precisamente, los diputados oficialistas sostienen que la población de Santa María “descree” que la posibilidad del desdoblamiento de la Fiscalía de Santa María pueda constituir una solución a la crisis y a los males que afectan a la sociedad, en tanto se mantenga en el cargo al cuestionado fiscal.
En ese orden hacen conocer que durante la charla, los vecinos pusieron de manifiesto la presunta inacción de la Fiscalía de Santa María, “lo que les ocasiona la sensación de presunta indefensión jurídica y de ausencia de justicia”, explican.
Por ello solicitaron a los miembros de la Corte de Justicia que “en forma urgente y expedita y dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y legales, adopten las medidas que sean pertinentes, a fines de llevar una solución definitiva al profundo malestar puesto de manifiesto por la población de Santa María respecto de los órganos judiciales y del Ministerio Público Fiscal”.
Consideran que el artículo 106, inciso 12, de la Constitución de la Provincia le otorga atribuciones y deberes a la Corte tales como para promover el inicio del procedimiento previsto por la ley, para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, a los fines de analizar la conducta, desempeño y accionar del fiscal de Santa María. “Somos profundamente respuetuosos de la división de poderes, pero ello no nos exime de ningún modo de la obligación de transmitir a esa Corte, como cabeza del Poder Judicial, acerca de las inquietudes, malestar social, reclamos y cuestionamientos receptados por esta comisión y expresados por los ciudadanos de Santa María”, concluyen.

El 22 de abril

La audiencia solicitada por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Jorge Moreno, a la Corte de Justicia fue fijada para el lunes 22 de abril.
Según adelantaron los legisladores, si hasta esa fecha no obtienen respuesta respecto de la situación de Santa María presentarán personalmente los reclamos, atento a todos los testimonios recabados en aquel departamento.