El Tribunal de Cuentas de la provincia se encuentra investigando el faltante de más de 180 mil pesos en la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP), que en su momento Diario El Esquiú.com diera a conocer. Según se informó, el Tribunal de Cuentas dispuso la realización de una auditoría por objetivos en el organismo administrador de los fondos de los jubilados.
Esto surge en base a un pedido de informes del bloque de diputados del Frente para la Victoria realizado luego de conocerse este faltante en la AGAP al organismo de contralor. En ese sentido, se conoció que un día después de que la información saliera a luz a través de la prensa el 19 y el 20 de marzo, el TC inició la auditoría en la AGAP.
De esta forma, en los considerando de la resolución Nº120, el organismo señala que “atento a la información que surge de los medios periodísticos y en virtud de la competencia legalmente asignada a este organismo de control, resulta procedente disponer la realización de una auditoria por objetivo, tendiente al análisis de la situación expuesta y recabar elementos de juicio que permitan la adopción de otras medias que en consecuencia correspondan”.
Asimismo, el TC resolvió “asignar la tarea dispuesta al área Revisión de Cuentas ‘A’, afectando para su realización a la contadora Rosa Rodríguez y la contadora Rosana Leiva, a quienes se facultara para requerir los antecedentes, informes y documentación que resulten necesarios para el cumplimento de los objetivos propuestos, debiendo elevar un informe final correspondiente a los 30 días de la presente, con la posibilidad de ampliarse por 10 días más”.
Por otra parte y mediante la resolución Nº164, el organismo de contralor indica que “atento a que la naturaleza de los hechos a analizar exige conocimientos técnicos específicos, resulta procedente afectar a Carlos Elías Jais, del sector Cómputos, para integrar el equipo de auditores designados”.
Asimismo, resolvió “fijar el periodo sobre el cual se extenderá la auditoría entre el año 2009 hasta diciembre de 2012” (fecha en que se descubrió el hecho).
Cabe recordar que el motivo de la auditoría surge cuando la titular de la AGAP, Mirtha Aisa, presentó un pedido de investigación sumarial ante Fiscalía de Estado, con el objeto de que se explique el faltante de 189 mil pesos de las cuentas de este organismo.
Según la investigación de la misma AGAP, se descubrió que el principal involucrado era un funcionario fuera de nivel, índice 0,90 (designado en la anterior gestión y que mantenía el cargo) del área de Informática, llamado Diego Álvarez.
Este funcionario presentó un soporte magnético ante el Banco Nación para que se depositen en una caja de ahorro, los famosos 189 mil pesos. A su vez, en el soporte magnético figuraba el nombre de otra jubilada, siendo que la caja de ahorro pertenecía a otra persona, quien al parecer estaba al tanto de la maniobra fraudulenta. Este funcionario fue apartado de su cargo y hasta el momento se mantendría en licencia hasta que se resuelva el caso.