El intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, presentó ayer ante la Corte de Justicia una medida cautelar para que suspenda la entrada en vigor del decreto 202/13 del Gobierno de la Provincia, que reglamenta el uso de los fondos de regalías mineras. Además pidió que se declare la inconstitucionalidad del decreto que reglamenta el artículo 5 de la ley, por considerar que viola las garantías constitucionales de los municipios.
Páez se presentó alrededor del mediodía ante el máximo tribunal de Justicia de la provincia, acompañado por los abogados Jorge Brizuela y Víctor Quinteros, además del presidente del Concejo Deliberante, José Cativa.
Ahora la Corte deberá resolver en lo inmediato la solicitud de una “cautelar genérica” con el objeto de que se suspenda la aplicación del decreto. De hacer lugar se correrá vista al Gobierno de la Provincia, quien deberá resolver para finalmente el tribunal determinar la cuestión de fondo: si el decreto viola o no las garantías constitucionales.

Polémica
El decreto 202/13 que reglamenta la distribución y administración de los fondos de Regalías Mineras, Ley Provincial Nº 5128, detalla en qué se deben invertir los fondos y además advierte que a aquellos intendentes que no utilicen el dinero dentro de los 180 días en los proyectos aprobados, se les suspenderá el envío. De esta manera los jefes comunales deberán elaborar los proyectos, que ingresarán por el Ministerio de Producción y Desarrollo, donde serán estudiados y aprobados por la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos. Esta unidad va a analizar, evaluar, asesorar, formular, proponer y aprobar la ejecución de los proyectos de inversión para las obras de infraestructura y capacitación para actividades productivas.
Jorge Brizuela, asesor del intendente de Andalgalá, indicó que entienden que el decreto es violatorio del artículo 5 de la misma ley, que establece que los fondos deben ser depositados en las cuentas de los municipios y que el Estado provincial no puede hacer uso de ellos.
“Ahora tenemos que esperar que la Corte resuelva la cautelar, por la que pretendemos que se suspenda la entrada en vigencia”, dijo y agregó que el gobierno no debería accionar en el marco de esta reglamentación, porque “nosotros ya hemos judicializado la cuestión”.
Tal como anticipara El Esquiú.com en su edición de ayer, el intendente andalgalense, por cuestiones estratégicas, realizó solo la presentación y no en conjunto con el resto de los jefes comunales del FCyS.

Reunión
En tanto, ayer diputados del FCS se reunieron en Paclín con el intendente Orlando Savio para debatir sobre el decreto, porque consideran que “existe un exceso en el mismo”.
Los presentes señalaron que no se oponen a los controles, pero entienden que el decreto avasalla las autonomías de los jefes comunales.
Participaron los diputados Raúl Giné, Pablo Sánchez, Juan Pablo Millán, Silvina Tello, Rubén Herrera, Carmen Verón y Verónica Rodríguez.