La Presidente anunció el proyecto de reforma judicial, que incluye seis puntos fundamentales entre los que se destaca la Ley de reforma del Consejo de la Magistratura, cuyos miembros -anunció la jefa de Estado- "serán elegidos por el pueblo".

Los cinco apartados restantes son los siguientes: 2) la ley de Ingreso Democrático al Poder Judicial; 3) la ley de Publicidad de los actos del Poder Judicial; 4) la ley de creación de las Cámaras de Casación; 5) la ley de Publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado; 6) la ley de regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados.

El anuncio oficial tuvo lugar en el salón Mujeres del Bicentenario, luego de que la mandataria anticipara los proyectos el pasado 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa. Este acto debió ser suspendido la semana pasada a raíz de las inundaciones que tuvieron lugar en La Plata y en la Capital Federal.

El Gobierno invitó a participar a referentes de la oposición y del Poder Judicial, varios de los cuales ya anticiparon que no concurrirán. Sí confirmó su asistencia el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.

En este marco, dirigentes del PRO, Frente Amplio Progresista (FAP), UCR, Peronismo Federal y Unión por Todos ratificaron ayer su rechazo a una reforma judicial. Consideraron que los proyectos para "democratizar" la Justicia buscan "anular" el accionar del Poder Judicial.

"Si se quiere hacer políticas de estado, primero hay que dialogar", sostuvo el jefe de bloque del PRO en Diputados, Federico Pinedo.

En ese sentido, el legislador manifestó: "No tenemos ningún conocimiento sobre los proyectos que se van a presentar". "No vamos a ir a aplaudir algo que no sabemos de qué se trata", afirmó.

Por su parte, el consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi declinó también la invitación al acto de hoy y afirmó que "los proyectos del Gobierno no buscan democratizar" la Justicia "sino dominar".

"El acto de mañana (por este lunes) es un acto partidario del kirchnerismo, no tengo nada que hacer ahí", declaró Fargosi, y argumentó que "los cambios que se quieren hacer al Poder Judicial son para someterlo al cristinismo".

En tanto, la diputada nacional de Unión por Todos Patricia Bullrich también rechazó "que el Ejecutivo sea un superpoder que anule a la Justicia".

"El Gobierno ha ido invadiendo todas las esferas de la vida pública, social e institucional de la Argentina. Por eso afirmamos que tiene razón cuando dice que no quiere reformar la Constitución, directamente quiere anularla", opinó.

Desde el FAP, la diputada nacional Victoria Donda aseguró que el Poder Ejecutivo Nacional "usa al Poder Legislativo como una escribanía. Y ahora van por la Justicia", sostuvo.

"Entendemos que democratizar la justicia no es sólo anunciar la designación de los magistrados por voto popular. Para nosotros la verdadera democratización de la justicia sería que el Poder Ejecutivo le permita al Poder Judicial avanzar en las causas que investigan a los funcionarios kirchneristas acusados de diversos ilícitos; o que se cumpla la Constitución Nacional y se ponga en funcionamiento el juicio por jurados", afirmó.

En un comunicado, Donda pidió "cumplir con la Constitución y garantizar el libre acceso a la justicia de todos los habitantes de esta tierra".

A su vez, el Consejo Federal del Partido Socialista consideró "alarmantes los anuncios" y advirtió que "no se democratiza creando nuevas Cámaras de máxima jerarquía, que lo único que logran es aumentar los plazos y los costos en vez de favorecer el acceso a la justicia".

La UCR, en tanto, recordó que la reforma "al Consejo de la Magistratura es particularmente preocupante" y sostuvo que "el ámbito de discusión es el Congreso de la Nación, con lo cual esperamos los textos de las iniciativas en el Parlamento".

Además, el diputado nacional del bloque Frente Peronista Gustavo Ferrari advirtió que los anuncios pueden generar "un nuevo y lamentable avance del Poder Ejecutivo sobre la independencia y autonomía del Poder Judicial".

Mientras desde la Coalición Cívica, señalaron que se busca "la destrucción de la poca justicia independiente que queda".