El llamado a licitación del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para adquirir terrenos de particulares en los se puedan construir las viviendas que ha anunciado el gobierno provincial, desanda por estos días un camino de incertidumbre. Es que el resultado de aquella licitación, cuyo presupuesto era de 20 millones con la condición de que los terrenos a ofrecer fueran superiores a las cinco hectáreas, fue objetado por una de las partes intervinientes, por lo que debieron remitirse todas las actuaciones al Tribunal de Cuentas, el cual ha realizado observaciones que tendrá que cumplir el organismo provincial.

Sussex vs. Estancita

De acuerdo con la información colectada por El Esquiú y la que nos hicieron llegar, la licitación tuvo dos ofertas. Una fue la presentación de Gualberto Eduardo Castillo, con un terreno de 24 hectáreas que se ubica en el sur de la Capital, en cercanías de lo que fue el exhotel Sussex. Y la otra, unas 300 hectáreas, fue la oferta de un grupo de empresas que tiene los terrenos en la zona suroeste, en cercanías de lo que se conoce tradicionalmente como “La Estancita”.
Las empresas de este grupo, que en primera instancia ganaron la licitación con una oferta de $19.680.000, pertenecen a Yucuco SA (Benjamín Capdevila e hijos); Comercial, Inmobiliaria y Distribuidora El Tala SRL (Javier y Gabriel Jalil); Pablo Acevedo y Antonio Villafáñez.
El tema es que Castillo planteó objeciones que tienen que ver con la falta de servicios y de accesos a los terrenos de su competidor, además de que en la zona existirían yacimientos arqueológicos que hay que preservar.
También consideró irregular la preadjudicación porque el grupo de empresas, si bien ofreció un precio más económico, en la realidad sería más caro por las tareas que hay que cumplir para lograr el acceso, todo lo cual correría por cuenta del Estado a precios realmente millonarios.
En la continuidad del tema, el Tribunal de Cuentas habría analizado las impugnaciones y, sin resolver la cuestión de fondo, devolvió el expediente al IPV apuntando observaciones de carácter formal.
En realidad, el planteo de Castillo es un recurso de “reconsideración jerárquico en subsidio” en contra de la resolución por la que el IPV resolvió la licitación, para lo cual argumentó -más allá del precio- sobre la ausencia de elementos técnicos, económicos y financieros para tomar una determinación ajustada a lo que más le convenga al Estado.
En ese sentido, Castillo dice que los elementos para justificar la compra de los terrenos cercanos a “La Estancita” no especifican los gastos que deberá realizar el Estado para lograr, a través de caminos, calles y puentes, el acceso. Solamente refiere, para el ofendido Castillo, las instalaciones de electricidad, cloacas y provisión de agua potable, rematando la queja con la falta de cotización de todos los trabajos que hay que ejecutar.
Mientras el gobierno tiene urgencias con su plan de viviendas, el expediente -salvadas las formalidades que apuntamos líneas arriba- tiene necesariamente que volver al Tribunal de Cuentas, con lo cual se prologa la demora.
La idea de construir los nuevos barrios de vivienda en terrenos que proporcione el propio Estado tiene como objetivo fundamental contribuir a la urbanización de la ciudad.
Cuando las empresas adjudicatarias ponían sus propios terrenos -lejos de ser los mejores o los más convenientes-, como ocurrió durante el gobierno radical, las cosas evidentemente no funcionaron y hoy la ciudad, especialmente en los conglomerados del norte y del sur, es un verdadero desastre en términos de mínima organización.