Los concejales del Frente Cívico y Social plantearon dudas en el primer análisis que realizaron en el convenio que firmaron el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de la Capital con la firma Task Solutions para la instalación de un Centro de Servicios de Contact Center, conocido como Call Center. Para este miércoles fue citado el secretario de Gobierno, Guillermo Matterson, para que informe sobre el acuerdo en la comisión de Gobierno, adonde fue girado el expediente.
El presidente del Concejo Deliberante capitalino, Simón Hernández (h), catalogó el convenio como “preocupante”, más allá de “la necesidad que tienen la provincia y el municipio de generar puestos de trabajo en la parte privada”. El edil señaló que en el análisis de los términos del convenio entre la provincia, la municipalidad y la empresa, “vemos que no es tan así como se había anunciado”.
“Hay una serie de beneficios exorbitantes que hacen la provincia y el municipio a la empresa privada que hay que analizar bien”, dijo el presidente del CD, al tiempo que agregó que “la provincia se obliga a pagar los salarios mínimos de los empleados de la empresa por cinco años, mientras que la municipalidad subsidia la totalidad de los inmuebles. Asimismo, se exime de tasas provinciales y municipales en el 100 por ciento”.
Hernández se preguntó con este panorama “dónde está la inversión privada en este tipo de convenio”. “Consideramos que son condiciones exorbitantemente beneficiosas para esta empresa de dudosa procedencia”, aseveró el edil, y luego preguntó: “¿Cómo verán este convenio las otras empresas que también están en problemas pero no tienen estos beneficios?”.
Sostuvo además que en el acuerdo con Task Solutions “no hay ningún tipo de inversión, sólo traen las computadoras y comienzan a trabajar”. Para el presidente del Concejo, “no hay ningún tipo de beneficio para la provincia. Esto no es empleo privado, tal como lo establece el convenio”.
“Estamos hablando de fondos de la provincia y el municipio”, subrayó el concejal, quien consideró que si la empresa fuera una SAPEM (sociedad estatal con participación mayoritaria del Estado) “sería otra cosa, porque ahí sabemos que es el Estado el que conduce”.
Por último, el edil indicó que “la Provincia deberá disponer de 203 millones de pesos en sueldos subsidiando el salario mínimo vital y móvil por cinco años. Más allá de que es empleo, esto no es empleo privado como se anunció”.

Injerencias

El presidente de la comisión Hernán Martel (FPV-PJ) aclaró que la comuna tendrá injerencia en dos cláusulas de las quince que plantea el convenio. Una es el subsidio para el alquiler del edificio y la otra es la excepción tributaria.
“Hemos citado al secretario de Gobierno, Guillermo Matterson, para el próximo miércoles, para que participe de la reunión de la comisión y evacue las dudas”.
Sobre la actitud de sus pares del Frente Cívico, Martel aseguró que los ediles opositores que participaron de la reunión no manifestaron ninguna oposición al respecto. “Recién están interiorizándose del expediente”, dijo.