Desde el momento en que anunció el paquete de leyes para democratizar el Poder Judicial, el Gobierno se propuso aprobarlo en tiempo récord y lo está logrando. No porque no haya despertado objeciones, sino por el simple expediente de ignorarlas o de incorporar sólo algunas modificaciones menores. Hoy intentará darle un broche final al tema, aprobando uno de sus aspectos más importantes y controvertidos.

El Senado comenzó a las 13 una sesión que promete extenderse hasta la madrugada. Antes de abocarse a discutir esas medidas, el oficialismo impuso su número para aprobar los pliegos de 21 conjueces para la Patagonia, pese a las denuncias de opositores respecto a una presunta motivación política para tales designaciones. El Frente para la Victoria dio, además, el visto bueno a una declaración propuesta de la UCR para manifestar su “repudio y preocupación” por las amenazas que recibió el fiscal Guillermo Marijuán, quien investiga el caso de lavado de dinero que estalló en las últimas semanas.

El pleno de la Cámara alta inició el debate sobre la modificación del Consejo de la Magistratura poco antes de las 15. Los senadores estimaron que esa discusión se extenderá hasta las 21.

La oposición parece haberse resignado de antemano a que el kirchnerismo haga valer una vez más su mayoría y, con el respaldo de sus aliados, sancione la ley que establece la ampliación y la elección por voto directo de los ciudadanos de 12 de los miembros de este ámbito clave del Poder Judicial.

Aunque se siguen pronunciando en contra de la “democratización” de la Justicia, los partidos de la oposición no parecen, por falta de voluntad o por déficit de representatividad, estar en condiciones de encauzar la energía del fuerte mensaje ciudadano –en la calle, hace pocos días– en contra de esta reforma, entre otros reclamos.

De todos modos, durante la sesión uno a uno los representantes de las bancadas antikirchneristas fueron vertiendo sus objeciones contra la medida. El radical Gerardo Morales alertó que el oficialismo pretende "meter mano" en los fondos del Poder Judicial, mientras que su compañero de bloque Ernesto Sanz dijo que la iniciativa busca "controlar un organismo que todavía no puede dominar". Por su parte, Liliana Negre de Alonso (PJ disidente) denunció que se trata de un nuevo intento por "avanzar hacia la suma del poder público".