Luego de que la Justicia Federal desestimara la denuncia que el abogado Carlos Rosales Vera realizara en su contra por supuesto encubrimiento al prófugo Ariel Alaniz, el ministro de Gobierno, Francisco Gordillo, analiza junto a su asesor legal demandar al letrado por la acusación. Paralelamente, el bloque de senadores oficialistas accionaría también contra Rosales Vera por una supuesta “incompatibilidad” entre el cargo de funcionario del Senado y el ejercicio de su profesión.
“En la causa de narcotráfico, no hay ningún elemento ni directo ni indirecto que sitúe al ministro como partícipe en el hecho que se investiga. Vamos a solicitar copia de las actuaciones para que a partir de ahí veamos si existe la posibilidad de iniciar alguna acción civil o penal en contra del denunciante”, dijo el abogado de Gordillo, Raúl Barrionuevo.
El castillista Rosales Vera, quien ejerce la defensa técnica de Pablo Tello, el único imputado por el intento de ingresar 90 kilos de marihuana a Catamarca el 17 de noviembre pasado, realizó ingentes esfuerzos por vincular a Gordillo con la llamada “narcodenuncia”. Es que en la presentación que realizó en el Juzgado Federal, aseguró que Alaniz -quien supuestamente iba junto a Tello en el vehículo que fue detenido por la Policía en el puesto caminero de El Portezuelo-, tenía relación con el ministro político y puso como “prueba” la venta de una camioneta del funcionario al ahora prófugo.
El fiscal Santos Reynoso recopiló diversos elementos y, luego de evaluarlos, consideró que la operación comercial entre Gordillo y Alaniz se realizó “mucho antes” del ilícito por el que se acusa a este último, de manera que envió al archivo las actuaciones. Para el abogado del titular de Gobierno, esta resolución judicial abre las puertas a una demanda contra Rosales Vera.

De los senadores

Por otro lado, se conoció que los senadores del bloque FPV-PJ evalúan denunciar al abogado cercano al senador nacional Oscar Castillo, por una supuesta incompatibilidad. Según el análisis que realizaron, cada vez que se trata algo relacionado con Gordillo, Rosales Vera debería dejar su lugar en el recinto -es el secretario parlamentario de la Cámara alta- y abandonar la sesión. “No puede ser juez y parte”, dijo uno de los integrantes del bloque consultado por El Esquiú.com. Por ahora, el tema es objeto de estudio, aunque en el transcurso de esta semana podría producirse la presentación.

“Se está aclarando todo”

Por su parte, el ministro Gordillo sostuvo que “se está aclarando todo lo que se había montado dentro de un marco político. Yo mostré toda mi vocación y servicio para que se aclare todo y creo que esta farsa o novela que quisieron llevar adelante llegó a su fin, ya que es la Justicia quien desestimó la denuncia”.
Al respecto, opinó que en lo político “la única opinión que me importa y la que me importó siempre es la de la gobernadora, que es la que me trajo a cumplir este compromiso y esta responsabilidad, y si yo tengo un apoyo en esta situación, en lo personal primariamente fue de la gobernadora, y esto lo debo decir con todas las letras, porque es una persona que conozco y me conoce de hace mucho tiempo ,y eso es lo que me da la tranquilidad en mi función de gobierno”.
Sobre el pedido de interpelación aprobado en Senadores, Gordillo manifestó su voluntad de concurrir al Poder Legislativo siempre y cuando envíen el temario para poder responder las inquietudes.

“La causa aún no terminó”

Tras la desestimación judicial, Rosales Vera expresó que la resolución tomada por el fiscal Reynoso “no hace más que reafirmar” lo que denunció. “Nosotros ratificamos que el ministro de Gobierno mintió con respecto a Alaniz. Como mínimo lo que se resolvió confirma el vínculo entre ambos. En el fondo, la decisión no es del todo negativa, ya que el hecho de que los elementos no sean suficientes no significa que no sean válidos”, dijo.
En referencia a la vinculación entre el ministro y el abogado Luciano Rojas, señaló que el funcionario “no puede negar que lo conoce, ya que Rojas fue nombrado con un índice de 0.80, por el Ministerio de Gobierno, salvo que el ministro firme los decretos sin leerlos”.
Con respecto a una apelación, sostuvo que él no es competente para apelar, porque no forma parte del hecho. “Lo que sí se hará es un careo entre las partes y la presentación de otras pruebas ante la justicia”, dijo. Por último, acotó “que se trata de una causa paralela que no afecta a la principal, por tanto aún no ha terminado”.