La falta de quórum en labor parlamentaria impidió una sesión clave en el concejo deliberante capitalino. Un pedido de audiencia pública solicitada por el Frente Cívico y Social (FCyS) había quedado abierto pero después de consultar al ejecutivo, el bloque del Frente para la Victoria (FPV) no cedió y presionó con un proyecto de donación de tierras.
La ordenanza Nº 3367 del año 2000 habilita a los concejales a generar una audiencia pública por lo que el FCyS exigió una para que los vecinos participen en la decisión de una mega obra como sería la nueva terminal.
Al respecto, Silvia Fedeli, presidenta del bloque FCyS, manifestó: “Hicimos un pedido de audiencia pública hace más de un año, tiene un tratamiento en la comisión de planeamiento aprobado y por pedido del concejal Martel se pasó a gobierno donde la durmieron un año”. Y agregó, “en la reunión de ayer (por el miércoles) quedó abierta nuestra propuesta pero por una bajada de línea del ejecutivo decidieron no sesionar para que no se apruebe la audiencia pública y se apruebe un tema de donación que trajeron”.
Según trascendió, el FCyS había acordado aprobar sobre tabla tres expedientes que “mandó el intendente desde economía, que tienen que ver con recuperos, cambios de la gestión de la ordenanza impositiva, con extensiones tributarias a los grandes tenedores de lotes para que puedan lotear”. Pero una modificación sobre la marcha cambió de rumbo e impidió la sesión.
Luego de consultar con el ejecutivo, el bloque del FPV solicitó en labor parlamentaria tratar un convenio que tiene una donación de 64 hectáreas ubicado en La Estancita. “Esto es coincidente con el proyecto de comunicación que hicimos nosotros observando irregularidades en la venta anterior del IPV, si bien no es una venta, es una donación pero detrás de todo esto se genera un beneficio a los empresarios con fondos que tienen que ver con el municipio”, declaró la edil.
Fedeli explicó que “el convenio en general está irregular” y aclaró que “el intendente recibió la donación de una sociedad, pero esta donación no tiene soportes legales, no hay una escritura traslativa, no tenemos nada que diga que existe la potestad del municipio para poder urbanizar.
Finalmente reveló: “El que dona es un integrante de esa sociedad y no hay un poder de los otros integrantes que avale esa donación. También observamos esto como irregularidad en el convenio porque el día de mañana la sociedad se desconoce y eso se traduce a un juicio contra el municipio. Nosotros como concejales debemos velar por las arcas del mismo”.