El apoderado legal del Frente para la Victoria (FPV), Augusto Barros, presentó un recurso de apelación en contra de la sentencia dictaminada por el juez electoral provincial, Guillermo Cerda, quien oficializó la lista de candidatos del Frente Cívico y Social (FCyS), dejando olvidado el reclamo de Barros. Tal como lo informó El Esquiú.com, Barros había realizado declaraciones en las que acusaba al juez de “dictar sentencias diferentes a situaciones similares”.
En la apelación, Barros explica que Cerda actuó de oficio y solicitó que se modificara la lista de concejales municipales por no cumplir con las exigencias de “intercalar cada dos varones una mujer”, establecidas por la ley provincial 4916. Sin embargo, a pesar de que el FCyS no cumple con los mismos requisitos en su lista de diputados provinciales titulares, el juez oficializó la lista tal y como estaba inicialmente.
Motivo por el cual, según se explicita en la apelación, se solicita al Tribunal Electoral que “resuelva conforme al derecho el recurso que se interpone”, ya que “la sentencia interlocutoria” impuesta por Cerda le “causa agravios”.

“Prevaricato”

Barros también alegó que la situación y participación del magistrado se “agravaría aún más” si se observara que existió algún “propósito” por detrás.

Argumentos

Según el apoderado legal explicita, existió incumplimiento y diferentes interpretaciones de la ley provincial 4916, prevaricato, abuso de la autoridad – por oficializar una lista y la otra no- y desconocimiento del derecho, por soslayar el decreto P.E.N 451/2005 que modifica el decreto 1246/2000 al que alude el juez electoral.