Sobre el “cobro de peaje” en la ruta 64

Aportan más pruebas a la denuncia penal en contra de Elpidio Guaraz

Se agregó al expediente iniciado en el 2012 una exposición policial y una copia de un comprobante de pago.
jueves, 16 de enero de 2014 00:00
jueves, 16 de enero de 2014 00:00

Vialidad Nacional aportó nuevos elementos de prueba en la causa penal que inició, hace dos años, en contra del intendente Elpidio Guaraz por el cobro irregular de una suerte de “peaje” en la ruta 64, que atraviesa la localidad de Bañado de Ovanta. A partir de la insistencia del jefe comunal santarroseño de exigir el pago de un canon a los transportistas que circulan por la zona, se adjuntó nueva documentación a la causa que investiga la Justicia Federal.
Así trascendió de fuentes tribunalicias, desde donde se pudo saber que la denuncia penal contra el intendente se inició en el año 2012, cuando decidió, por primera vez, cobrar peaje a los transportistas que pasaban por el municipio que él administra.
Sin embargo, la medida no amedrentó a Guaraz, quien en las últimas semanas decidió reinstaurar la casilla rodante para continuar con el cobro ilegal en la ruta nacional 64, amparándose en la ordenanza municipal Nº 04/12, que fue dada de baja por inconstitucional.
Según las fuentes consultadas, se presentó en la Fiscalía Federal de la Capital una exposición policial y un comprobante de pago para incorporar a la querella iniciada en el 2012.
El documento explicita que la acusación no sólo es contra Guaraz, sino también contra “quienes resultaren penalmente responsables por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Entre los argumentos, se establece que la instalación de la precaria casilla rodante sobre la ruta nacional y zona de camino de la misma, tiene por finalidad el cobro de un “canon o peaje fundado en el sólo paso de vehículos pesados por la jurisdicción municipal, y desviando indebidamente, contra-sentido de circulación, el tránsito pasante del resto de los automotores”.
En relación a los hechos, la denuncia cita la Ley 24.449, art. 27, donde se establece que “toda construcción a erigirse dentro de la zona de camino debe contar con la autorización previa del ente vial competente”, en este caso, Vialidad Nacional. Pues, por ser una ruta nacional, el ente encargado de facultar a cualquier municipio para el cobro de arancel es dicha institución.
En el documento, se ratifica que, además del cobro por circular en la localidad, se instaló una casilla que pone en riesgo “la normal fluidez del tránsito”, provocando “que el resto de los automóviles transiten en sentido contrario de circulación”, infringiendo la Ley.
Otro de los puntos que se recuerda al fiscal es que la “tasa municipal”, regulada por la ordenanza en la que se ampara el intendente, “incurre en franco abuso de recaudar por el sólo hecho del paso por la jurisdicción de la comuna”, prohibido entre otros por “los Arts. 10, 11 y 17 de la Constitución Nacional” y “los Arts. 8 y 20 de la Carta Magna Provincial”.
Asimismo, se afirma que el tributo resulta “confiscatorio y selectivo, dado que se aplica discriminadamente a los transportes de gran porte, gravando el paso de la actividad productiva, sin extenderse al resto de los usuarios de la ruta nacional”.

Antecedentes de “peaje”

Los problemas con el controvertido intendente iniciaron en el año 2012, cuando se lo acusó por primera vez de cobrar un “peaje” sobre la ruta nacional, en el tramo de la localidad que administra. Razón por la cual, funcionarios de Vialidad Nacional (VN) del 11º Distrito Catamarca lo denunciaron penalmente.
Sin embargo, en el 2014, la historia se repite con un cobro de $30 y $50 pesos a los transportes de gran porte ligados a la producción. Lo sorprendente del caso es que el propio jefe comunal reconoció el canon, afirmando que se trata de una tasa municipal por la producción de granos. “Por aquí pasan más de 100 camiones diariamente, y no dejan ningún beneficio a la localidad”, cuestionó Guaraz.
Por su parte, los productores de granos cuestionaron al administrador argumentando que “siempre que puede los perjudica, porque se escuda en que la producción perjudica el departamento”. “Mucha gente de esta localidad tiene sus recursos gracias a la producción”, aseveraron los cerealeros.

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