Verónica Rodríguez Calascibetta

Diputada opositora despegó al FCyS de la demanda de los hermanos Taselli

Dijo que “las privatizaciones fueron parte de la política menemista”, y que “el oficialismo siempre tiene la respuesta fácil”.
miércoles, 8 de enero de 2014 00:00
miércoles, 8 de enero de 2014 00:00

La diputada provincial Verónica Rodríguez Calascibetta, integrante del bloque del Frente Cívico y Social, criticó que desde diferentes sectores oficialistas se haya cuestionado a los gobiernos del frente radical que decidieron concesionar la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, y luego rescindir el contrato, lo que le valió una reciente demanda por $150 millones.
“Me parece poco serio que se pretenda responsabilizar a los gobiernos anteriores. El tema energético es a nivel nacional. Hoy estamos sufriendo las consecuencias de una desinversión de años. No debemos dejar de recordar que lo que sucedió con EDECAT fue consecuencia de la corriente privatizadora de empresas estatales que se produjo durante el menemismo”, dijo la legisladora brizuelista a El Esquiú.com.
Las declaraciones de la diputada se relacionan con la reciente demanda que inició la empresa Industrias Argentinas de Tableros Eléctricos (IATE), de los hermanos Sergio y Alberto Taselli, en contra del Estado catamarqueño, por $150 millones por supuestos daños y perjuicios que les habría ocasionado la rescisión del contrato de concesión de la empresa de energía Edecat.
El desenlace fue motivo de críticas de sectores oficialistas a los sucesivos gobiernos del Frente Cívico y Social durante 20 años, que decidieron entregar en concesión el servicio de energía eléctrica en 1996 (que, insisten, fue deficitario y produjo un vaciamiento de la empresa), y la posterior rescisión contractual en 2011. Desde el Frente para la Victoria, se alude que los gobiernos radicales lideraron una errónea política energética, con el aditivo de tener que enfrentar ahora una demanda millonaria.
“El oficialismo siempre tiene la respuesta fácil, que es responsabilizar al Frente Cívico”, alegó Rodríguez Calascibetta, y prosiguió: “Pero hoy la gente tiene mucha más información. Actualmente, estamos sufriendo las consecuencias de la desinversión a nivel nacional. Y esto es parte de una política incluso anterior al mismo kirchnerismo”, insistió.
El fiscal de Estado, Carlos Bertorello, fue una de las voces críticas a la política energética radical, al acusar de “falta de rigurosidad” en los procedimientos de control a los organismos del Estado durante aquellas administraciones gubernamentales que, entendió, permitieron el vaciamiento de la empresa. “Servicios Públicos brilló por su ausencia. Y el ENRE nunca nos colaboró”, dijo el fiscal.
En este sentido, la diputada respondió que “hubo muchas multas por parte del ente regulador (ENRE). No hubo falta de control. Si vamos a hablar de la situación de la crisis energética, tenemos que ser sinceros y dejar de inventarle historias a la gente, que tiene todo el conocimiento”.
Otro de los que criticó al radicalismo fue el también diputado Hugo Argerich, miembro del bloque del Frente para la Victoria, quien sostuvo que la situación judicial que ahora enfrenta Catamarca es consecuencia de la “actitud irresponsable” de los gobernadores radicales, a quienes sugirió que el Estado demande judicialmente. “Todo es debido a las malas decisiones de los gobiernos de Arnoldo Castillo, Oscar Castillo y Eduardo Brizuela del Moral, desde el momento mismo de la concesión y la rescisión del servicio energético”, expresó.
Rodríguez Calascibetta, no obstante, dijo que “ahora la Provincia tiene el mismo signo político que el Gobierno nacional, y sin embargo no se han mejorado los servicios. No podemos circunscribir la situación a Catamarca. Evidentemente, en materia energética, la Provincia no ha recibido la ayuda necesaria. Si tuviéramos un gobierno nacional que nos diera a todos los ciudadanos beneficios por igual, también todos tendríamos las mismas posibilidades energéticas”, concluyó.

Cuestión jurídica

En relación a la posibilidad de que el Estado provincial contrademande a la empresa IATE por el mal servicio prestado, Rodríguez Calascibetta dijo que “es responsabilidad del Estado hacerla. Es una cuestión de competencia jurídica, no política”.

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