Opinión

Señora Justicia, ¿hasta cuándo?

miércoles, 12 de febrero de 2014 00:00
miércoles, 12 de febrero de 2014 00:00

La respuesta: hasta que los poderes institucionales pongan en orden el Poder Judicial.

La pregunta, en tono crítico, la formuló El Esquiú.com en su comentario político semanal. “Señora Justicia, ¿hasta cuándo?”.
La nota periodística del último sábado se refería a la actuación de la Justicia en el marco de la tragedia ocurrida en El Rodeo y Siján, en la que fallecieron 12 personas.
La pregunta tendrá, casi con seguridad, la misma contestación que han tenido desde 1991 a la fecha los asuntos de interés público sometidos a su jurisdicción: el silencio y la inacción.
No debe resultar llamativo lo actuado durante años por la Justicia de Catamarca, con orígenes en la última Intervención Federal a la provincia y en el Frente Cívico y Social, de la que fue su herramienta política.
Todos los actos que pudieran involucrar a funcionarios que actuaron entre 1991 y 2011 no tendrán la natural investigación que el diario pretende. Es que la Justicia quedó subsumida en el poder político que gobernó durante 20 años.
Los escudos de defensa, lo repito, serán el silencio y la inacción.
Este Poder Judicial, ilegítimo desde su constitución, con nombramientos de camaristas, jueces, funcionarios y empleados judiciales por fuera de los legales procedimientos de elección, tuvo que atenerse a que su funcionamiento y decisiones se impusieran desde afuera. Es decir, por parte de quienes detentaron el poder político en el Frente Cívico y Social.
Sobran los ejemplos de lo afirmado precedentemente. Pero refiero algunos paradigmáticos, de carácter institucional.
Uno de ellos fue haber avalado una cámara de Senadores trucha, rechazando innúmeras presentaciones del Partido Justicialista y de los senadores, en forma individual, que habían resultado electos y que en 1991 reclamaban las bancas que les había otorgado el pueblo.
Otro. La irrupción del juez de Instrucción Manuel Zeballos en la Asamblea Legislativa para elegir los senadores nacionales por nuestra provincia (1993), a la que, de facto, disolvió.
La investigación de las diversas causas involucra a los entonces ministros de Acción Social del Frente Cívico y Social- llámese Brandán, Martha Torres de Mansilla, Colombo o Vega-, por serias anomalías en el cumplimiento de la función pública. A pesar del tiempo transcurrido, caminan irremediablemente a la prescripción por la inacción de quienes tienen a cargo la instrucción y juzgamiento de los involucrados.
Este Poder Judicial no ha podido resolver los innumerables homicidios ocurridos en la provincia entre 1991 y 2014, los que ascienden a más de 20. Tampoco ha esclarecido ni sancionado a los responsables los casos conocidos como Alcaidía I y Alcaidía II. Mucho menos se ocupa de las múltiples causas penales por daños a la hacienda pública, en las que se encuentran involucrados exfuncionarios del gobierno radical. Esto ocurre por la morosidad en la sustanciación y resolución de las causas, motivadas generalmente por el escaso tiempo que los magistrados y funcionarios le dedican a sus tareas diarias o por las recurrentes licencias y vacaciones.
Igualmente, este Poder Judicial no ha actuado en el reciente proceso sedicioso protagonizado por un grupo de efectivos de la Policía de Catamarca, acompañado de civiles, enancados en un reclamo salarial.
Esta situación, de extrema gravedad institucional, tampoco fue de su interés a pesar de que los medios de comunicación social dieron cuenta de la irrupción de uniformados y civiles, muchos de ellos armados, a Casa de Gobierno, asiento natural de la gobernadora que, por las dudas lo aclaro, goza de inmunidad.
Allí hubo disparos de arma de fuego reglamentaria y virtual sitio de la sede gubernamental, lo que imposibilitaba la salida o entrada al edificio, al extremo que hubo que utilizar otra fuerza de seguridad nacional para dar protección a la gobernadora y demás funcionarios, hecho perfectamente calificado como privación ilegítima de la libertad, más los daños materiales producidos, todos en banda, constitutivos de delitos previstos y sancionados en el Código Penal.
Esta situación de conmoción social, de gravedad inusitada, contó con la alarmante pasividad de quien por propia obligación funcional no arbitró las medidas que posibilitaran el restablecimiento del orden legal: el ministerio Público, presidido por el procurador General de la Corte de Justicia, el que no se dio por notificado de lo que ocurría a escasos metros de su sede funcional.
No resulta exagerado resaltar que el movimiento sedicioso ponía en juego el funcionamiento regular del sistema democrático en la provincia.
Esta somera descripción del Poder Judicial de Catamarca, a la que podrán agregarse innumerables circunstancias por parte de los catamarqueños que concurren, o no, al servicio de justicia, es apenas un pantallazo. Lamentablemente se mantendrá en el tiempo mientras no se apliquen lo correctivos constitucionales.
Para que la pregunta del diario -¿hasta cuándo?- tenga respuesta, resulta imprescindible la remoción de los miembros de la Corte de Justicia Amelia Sesto de Leiva y José Cáceres, como del procurador Enrique Lilljedahl, ya que su permanencia en los cargos, siendo jubilados, viola expresamente el artículo 168 de la Constitución de la Provincia, que dice: “No podrán ocupar cargos en la Administración Provincial los jubilados y pensionados de cualquier caja, con excepción de actividades artísticas y técnicas”.
A partir de ello, y aplicando los mecanismos institucionales de la remoción para aquellos magistrados y funcionarios que ejercen ilegítimamente sus cargos, se podrá formar un Poder Judicial que se ocupe de los asuntos de manera seria y profesional, a lo cual lo aspira la comunidad toda.

 

Eduardo Andrada
Abogado

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