Concejo Deliberante capitalino

Para la oposición “no hay una decisión firme” sobre el caso de los exfuncionarios

Desde el bloque FCS dicen que Fiscalía Municipal “no tiene competencia” para intervenir en el caso.
miércoles, 2 de abril de 2014 00:00
miércoles, 2 de abril de 2014 00:00

El presidente del bloque del Frente Cívico y Social (FCS) en el Concejo Deliberante de la Capital, Federico Pague, dijo que “veo que no hay una decisión firme de llevar a cabo la baja” del decreto que puso en planta permanente a 9 exfuncionarios durante la presidencia en el cuerpo de Simón Hernández (h).
“Veo que no hay una decisión firme de llevar a cabo esta baja. Desde lo humano y administrativo, la presidenta (Jimena Herrera) no tiene una decisión firme para llevar a cabo. Veo que, de alguna manera, está buscando opiniones y consenso para resolver el asunto”, expresó el legislador opositor ante la consulta de El Esquiú.com.
Además, la oposición y el oficialismo del Frente para la Victoria (FPV) coincidieron en que la posible intervención de Fiscalía Municipal no sería apropiada por carecer ese organismo de competencia.
Como se sabe, el caso de los 9 exfuncionarios pasados a planta permanente por el ahora diputado Hernández (h) generó todo un conflicto institucional en el Concejo Deliberante de la ciudad. Ante la posible irregularidad del trámite, Herrera dilató una decisión sobre el asunto, trascendió que correría vista de las actuaciones a Fiscalía Municipal y al Tribunal de Cuentas para que resuelvan en consecuencia.
No obstante, el concejal oficialista Juan José Sigampa reveló que el fiscal municipal, el recientemente designado Julio César Córdoba, se presentó ante los integrantes del bloque para anunciarles que ese organismo no tiene competencia en el asunto. “En ese sentido, siempre coincidí con él (en referencia a Córdoba). El Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante son dos poderes distintos. El fiscal nos dijo que, si la presentación llegaba a su oficina, volvería inmediatamente aquí porque no tiene competencia en el asunto”, indicó el legislador, que desde diciembre fue uno de los que más se pronunció sobre el caso.
Pague, por su parte, coincidió con esta postura, y agregó que sería conveniente la judicialización del caso para garantizar el derecho a defensa de los involucrados: “Lo mejor es ir a la justicia, porque le garantizaría el derecho de defensa a personas que tienen familia, carga, hijos. Si se lleva adelante una acción judicial, se les correría traslado para que opinen y la Corte (de Justicia) tomaría una decisión recién al final del proceso. En cambio, si el decreto saliera administrativamente, la gente primero quedaría sin trabajo, y serían ellos mismos quienes deberían judicializar para recuperar la fuente de trabajo”, consideró el edil.
Finalmente, Pague evaluó que, si los nombramientos “fueran nulos de nulidad absoluta, ya hubiesen sido dados de baja. Veo que hay una decisión política, pero un correlato jurídico que no acompaña”.
 

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