A través del decreto G y J Nº1685 con fecha de ayer, la gobernadora Lucía Corpacci creó la Comisión Consultiva y de Participación Ciudadana (CCPC) que, actuando en el ámbito del ministerio de Gobierno y Justicia, tendrá a cargo “la confección de un informe cuyo contenido refleje la opinión y participación de los distintos actores sociales de la provincia en una propuesta de reforma de la Constitución de Catamarca”.

Según el instrumento, la CCPC estará integrada por un representante de las siguientes instituciones: Universidad Nacional de Catamarca, Tribunal Oral Federal, Agencia para el Desarrollo Económico de Catamarca, Junta de Estudios Históricos, Colegio de Abogados y Consejo Profesional de Ciencias Económicas, además de un experto en desarrollo de tecnología y energías alternativas, y un representante del Poder Ejecutivo, que en este caso es el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi. Los integrantes -se aclara- desempeñarán sus funciones “ad honorem”.

En el artículo tercero, se estipula que la comisión tendrá por objeto “la realización de un proceso consultivo amplio y abarcativo de todos los sectores de nuestra comunidad, tanto en la Capital como en el interior de la provincia, debiendo reunirse al menos una vez en el Oeste y otra en el Este, poniendo en debate y receptando los contenidos y propuestas a los fines de elevar al Poder Ejecutivo las conclusiones que habrán de ser consideradas al momento de enviar al Poder Legislativo el proyecto de Ley de Declaración de Necesidad de la Reforma de la Constitución”.

La CCPC actuará en el ámbito de la cartera política con autonomía e independencia funcional “de todo Poder del Estado provincial”. Está previsto que convoque, entre otros, a los partidos políticos con personería vigente, a representantes de los Poderes del Estado; de la Iglesia Católica y otros credos; representantes de organismos autárquicos y descentralizados de la Administración Pública; asociaciones gremiales de trabajadores, profesionales, industriales, productores y demás cámaras económicas; asociaciones civiles con personería jurídica; UNCa y demás ámbitos académicos; legisladores nacionales y provinciales; intendentes municipales y concejales; propietarios o directores de medios de comunicación; ciudadanos en general.
La Comisión tendrá un plazo de 60 días para elevar un informe sobre la tarea, y las sesiones que realice serán públicas y registradas en audio y video.
En los considerandos, se menciona que la iniciativa apunta a propiciar “la creación de un nuevo Contrato Social basado en la recepción de expresiones directas del pueblo en su conjunto y no en pactos políticos de carácter corporativo”.