De seguir pagando el sueldo a un municipal condenado por la Justicia

Denuncian a la gestión de Soria

Desde el sector que postula al “Gallo” Jalile, señalaron que se trata de una condena por violación.
lunes, 19 de octubre de 2015 00:00
lunes, 19 de octubre de 2015 00:00

El sector que lidera el candidato a intendente de Valle Viejo por el FCS, Gustavo Roque Jalile, realizó una nueva denuncia contra la gestión de la intendenta Natalia Soria. En la oportunidad, afirmaron que un empleado municipal condenado por violar a una nena de 13 años sigue cobrando su sueldo a pesar de que se encuentra privado de la libertad.
Aseveran que la madre de la menor presentó la denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra la jefa comunal de Valle Viejo, el secretario de Hacienda, Pablo Barros y el director de personal, Gonzalo Tognazzolo, entre otros, acusándolos de “daño a la hacienda pública”, además de otros delitos que surjan de la investigación.
En el escrito enviado, afirmaron que de acuerdo a lo que se desprende de la denuncia, la comuna le siguió pagando el sueldo a Roberto Javier Segura, un empleado municipal que el 11 de abril de 2014 fue condenado por violar a una nena de 13 años por la Cámara N° 3 integrada por los jueces Olmi, Soria y Palacio.
Desde entonces, agregan, el condenado cumple sentencia privado de su libertad; no obstante, la Municipalidad siguió pagándole su sueldo a pesar de no prestar servicios. “Desde seis meses antes de su condena y hasta el presente, Segura se encuentra privado de su libertad, pero como surge de los informes del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, la Municipalidad sigue pagándole su sueldo”, señala la denuncia que presentó la madre de la menor.
“Es inaceptable que en épocas donde la sociedad repudia hechos de violencia de género, la intendenta Natalia Soria, pese a su condición de tal y siendo madre de dos hijos, continúe autorizando el pago de sueldos a favor de quien ha resultado condenado por la Justicia como autor penalmente responsable de un delito de tamaña magnitud y que lo priva de la conducta decorosa y digna que debe observar todo agente público y por ello del derecho a la estabilidad en el cargo”, señala la denuncia que fue presentada al Tribunal de Cuentas.

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