Opinión

“En la provincia, el Colegio de Abogados transita por carriles ajenos a la sociedad”

miércoles, 25 de noviembre de 2015 00:00
miércoles, 25 de noviembre de 2015 00:00

Por Eduardo A. Andrada - Abogado 

Hace unos meses, el Cuarteto de Diálogo Nacional -formado por cuatro organizaciones clave de la sociedad civil tunecina: el Sindicato General de los Trabajadores de Túnez, la Confederación de la Industria, Comercio y Artesanía Tunecina; la Liga Tunecina de Derechos Humanos y la Orden Tunecina de Abogados- ganó el Premio Nobel de la Paz por su contribución al primer y más exitoso movimiento de la Primavera Árabe.

El Comité Noruego del Nobel elogió al “Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez” por “su decisiva contribución a la construcción de una democracia plural” en el país norteafricano tras su revolución en 2011, ya que el grupo “estableció un proceso político alternativo, pacífico, en un momento en el que el país estaba al borde de la guerra civil”.

Mohammed Fadhel Mafoudh, presidente de la Orden Tunecina de Abogados, dijo en declaraciones que el galardón “es un reconocimiento a todo un proceso”. “Es un proceso que comenzó para que Túnez tuviera un sistema democrático... que respetara las libertades. (...) Es también un mensaje al resto del mundo, a todos los países, a todos los pueblos que aspiran a la democracia y la paz”.

La entidad del premio conseguido, como el motivo del otorgamiento, hace muy difícil que en el futuro un colegio profesional de abogados pueda ser reconocido en su tarea, pero para quienes integramos colegios similares, sin pretender de éstos la conquista de logros de tal naturaleza, nos preguntamos: ¿Podrán los Colegios de Abogados de Argentina tener una intervención acorde a los reclamos de la sociedad toda?

Digo esto por cuanto en el orden nacional, los colegios o asociaciones de abogados se encuentran en una clara disputa con el poder político en relación con la cobertura de cargos en el Poder Judicial, la integración y votación en el Consejo de la Magistratura, la integración de la Corte de Justicia ante la falta de dos de sus miembros y el próximo alejamiento de un tercero, pero sin proponer la necesaria reforma del Poder Judicial que haga de la Justicia un servicio para todos, democrática, protectora de los derechos fundamentales a la libertad, a la seguridad y a la tutela judicial efectiva, de los derechos civiles y políticos, alejada del corporativismo, eficaz y eficiente para canalizar, atender y resolver las demandas de los ciudadanos, entre otros objetivos.


Contraste


En nuestra provincia el Colegio de Abogados transita por carriles ajenos a los de la sociedad, con otra característica más preocupante, que es el silencio sepulcral en que ha permanecido por años en asuntos de interés público, alejando a la entidad de los temas centrales de nuestra vida institucional.

Cualquiera sea su integración, nunca se ha expedido sobre el Poder Judicial actual, ilegítimo desde su constitución en el año 1991, producto de la Intervención Federal, y de su directo beneficiario, el Frente Cívico y Social, donde el nombramiento de los miembros de la Corte de Justicia, camaristas, jueces, funcionarios y empleados judiciales se realizaron por fuera de los legales procedimientos de elección y su funcionamiento, por años, estuvo directamente sujeto al poder político.

Es que la Justicia desde el año 1991 quedó subsumida en el poder político que gobernó durante 20 años, siendo paradigma de su accionar lo ocurrido en cuestiones constitucionales de trascendencia, entre las que se cuenta el aval otorgado a una cámara de Senadores “trucha”, con el rechazo de innumerables presentaciones del Partido Justicialista y de los senadores electos, en forma individual, que reclamaban las bancas que le había otorgado el pueblo, o la falta de impulso y resolución a las diversas causas que involucran a los que fueron ministros de Acción Social del FCS, llámese Brandan, Martha Mansilla, Doro, Colombo o Vega, por serias anomalías en el cumplimiento de la función pública. Hoy las causas caminan irremediablemente a la prescripción por la inacción de quienes tienen a cargo la instrucción y juzgamiento de los involucrados.

Magistratura que no ha podido resolver los innumerables homicidios ocurridos en nuestra provincia entre los años 1991 y 2015, como tampoco ha esclarecido y sancionado a los responsables los casos conocidos como Alcaidía I y Alcaidía II.

Tampoco ha tenido interés en intervenir ante situaciones de conmoción social, tal como le hubiese correspondido al ministerio Público, presidido por el procurador general de la Corte de Justicia, ante el movimiento sedicioso, protagonizado por un grupo de efectivos de la Policía de Catamarca, acompañado de civiles, enancados en un reclamo salarial del que no se dio por notificado de lo que ocurría a escasos metros de su sede funcional.

No lo hizo cuando, por la golpiza y muerte de una persona que estaba detenida en la comisaría 7ma, se produjo la revuelta en los barrios del Norte de la Capital, la que derivó en destrozos de instalaciones públicas, ningún fiscal portó por el lugar de los hechos a pesar de la trasmisión en directo de los medios de comunicación. Eran los primeros meses del nuevo gobierno.

Ni hablar de alguno de los fiscales que integran el ministerio Público, morosos ante la situación trágica ocurrida en “El Rodeo”, como de las sugestivas posiciones adoptadas en causas de su competencia y jurisdicción en la cual se han convertido en defensor de los imputados, distorsionando los criterios legales adoptados por sus propias actuaciones.

De una lentitud, ineficiencia insoportable, de sospechada parcialidad política, silenciosa ante los reclamos sociales efectivizados por medio de comunicación social, indolente y no comprometida con los clamores populares.

Justicia que requiera la imprescindible remoción de los miembros de la Corte de Justicia, Amelia Sesto de Leiva y José Cáceres, como del procurador Enrique Lilljedahl, ya que su permanencia en los cargos, siendo jubilados, viola expresamente el art. 168 de la Constitución de la provincia, que dice: “No podrán ocupar cargos en la Administración Provincial los jubilados y pensionados de cualquier caja, con excepción de actividades artísticas y técnicas”.

Esta somera descripción del Poder Judicial de Catamarca, a la que podrán agregarse innumerables circunstancias por parte de los catamarqueños que concurren al servicio de Justicia, es apenas un pantallazo que se mantendrá en el tiempo mientras no se apliquen los correctivos constitucionales.


Realidad


De todo esto, y mucho más, nunca el Colegio de Abogados de Catamarca se ha expedido, limitándose a sus actividades científicas - culturales, deportivas para solaz y beneplácito de sus participantes.

Hoy es tiempo de elecciones.

Aparecerán las “listitas” y “fotitos” para satisfacción de los que la integran, y formación de “curriculum” a futuro que servirá para obtener algún cargo público, cátedras en la universidad, representaciones institucionales, nombramientos de amigos y parientes, viajes deportivos y científicos, con sus correspondientes “plataformas electorales”, mediante las cuales volverán a insistir con la promesa de un “colegio independiente”, de “sola actividad gremial”, con “entregas de códigos” y alguna que otra prebenda para engaño de los incautos que creen en su cumplimiento.

Serán días de intensa actividad en busca de los colegas que tienen que votar, finalizando el comicio con un festejo, con discurso de ocasión resumido en la expresión abarcativa de “sin vencedores ni vencidos”, la proclamación de los electos, un “champancito”, para luego esperar hasta la próxima elección y volver a las vanas promesas, pero alejado de los objetivos de la sociedad toda que aspira un acceso a la justicia de la ley y de la igualdad.

¿Alguna de las listas intervinientes en las elecciones del Colegio de Abogados de Catamarca, tendrá capacidad para cuidar al abogado, o ayudar a construir una Justicia acorde a los reclamos de la sociedad toda?

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