El inicio del debate oral y público por la causa conocida como “Megafraude” en el área de Desarrollo Social –con hechos presuntamente cometidos durante la gestión del exgobernador radical Eduardo Brizuela del Moral- sufriría otra dilación en su curso judicial, puesto que una de las defensas presentó otro recurso extraordinario al máximo tribunal de Justicia.

De ser así, se sumaría un capítulo más puesto que la Cámara Penal Nº1 había resuelto iniciar el debate el 12 de diciembre.

Fue el letrado encargado de la defensa de Ariel Regina, Iván Sarquis, quien presentó el recurso en cuestión. Según mencionó, la resolución que suspende el inicio del debate fue emitida ayer por la cámara aunque restaba la notificación a las partes. 

De acuerdo a lo que explicaron fuentes cercanas a la causa, el recurso extraordinario quedó en manos de la Corte de Justicia local. A la vez, señalaron que el eje de la presentación apunta  al supuesto agravio constitucional por la omisión en la calificación de los imputados.

Historia

El comienzo del juicio estaba programado para el venidero 12 de diciembre del corriente. 

En la previa hubo dos presentaciones realizadas por los abogados García y Sarquis -solicitando se revea el expediente, ya que, a su entender, presenta graves nulidades que deben ser subsanadas-.

El 27 de octubre de este año, el máximo tribunal local rechazó la queja.

Los dos letrados argumentaban una pericia puntual, la que asegura que todos los expedientes recabados como material probatorio exhiben pruebas de haber sido adulterados. 

Trece años de espera pueden estirarse a 14. La causa por el “Megafraude” todavía tiene en su lista a 10 personas que responderán como acusados.

Se les apunta la comisión de presunto desfalco cometidos en perjuicio del Estado mediante la contratación de cursos de capacitación.

Según la investigación, dichos cursos presentados nunca se efectuaron o directamente se realizaban con un determinado número de asistentes declarados.

La cifra de éstos no se correspondía con los que realmente habían realizado los cursos. 

Por esos cursos -que eran canalizados mediante dos fundaciones denominadas Fundación Ideia y Fundación Jóvenes en Progreso- el Estado provincial pagó elevadas sumas de dinero, de lo cual se deduce para los investigadores que efectivamente existió un perjuicio pecuniario mayúsculo para el erario. 

Los imputados en el marco de la causa son 10 hasta el momento. Por esta razón se estima que se deberá usar un espacio especial para realizar el debate y que, a la vez, tomará su tiempo escuchar el gran número de testigos -contará con 130 aunque de éstos sólo 67 serían presenciales-. 

Los acusados por fraude en perjuicio de la administración pública y falsificación de instrumentos públicos son: Pablo Córdoba Molas, Ariel Regina, Hugo Diamante, Carlos Arriazu, Nancy Madueño, María Cristina Barros de Voget, Guillermo Alberto López, Liliana Jalil de Barrera, Susana Beatriz Colina y Juan Andrés Barrios.

Las irregularidades ahora materia de juicio fueron reveladas a finales del año 2004 y pusieron un grueso manto de dudas sobre la primera gestión gubernamental de Brizuela del Moral.