Ayer se conoció la decisión de la Justicia Federal por la cual se imputa al exinterventor y expresidente de Somica, Ernesto Raúl Doering, por la posible comisión de varios delitos en torno a la comercialización de miles de kilogramos de rodocrosita entre los años 2004 y 2012, período en el cual gobernó la provincia el actual diputado nacional Eduardo Brizuela del Moral.

Conforme lo dictaminó el fiscal federal Santos Reynoso, Doering se encuadraría en las figuras, a prima facie, del incumplimiento de los deberes de funcionario público en forma continuada y estafa a la administración pública en la modalidad de administración fraudulenta en concurso ideal.

De las investigaciones que el juez federal de primera instancia lleve adelante, se consigna además, podría surgir una ampliación de la calificación legal.

Junto a Doering, por la misma resolución, quedaron imputados los señores Ricardo Manuel López y José Oscar López, los representantes de la empresa inglesa Dolphin SA, la que firmó contrato con la provincia el 18 de enero de 2008 para “la extracción, industrialización y comercialización del mineral existente en Minas Capillitas”.

En ese contrato, como en su momento lo dijo El Esquiú.com –único medio que investigó a fondo el supuesto negociado con los bienes de todos los catamarqueños-, se establecía a favor de Dolphin SA “la exclusividad” del producido de Minas Capillitas, cuya propiedad pertenece a Fabricaciones Militares, esto es el Estado nacional.

La denuncia

Si bien es cierto que la triste historia del saqueo de Somica fue denunciada por este diario, las presentaciones formales surgieron a partir de darse a conocer el nombre de Doering entre los Panamá Papers, lo que ocurrió en 2016 y fueron realizadas por los diputados provinciales Hugo Argerich (hoy vocal del Tribunal de Cuentas), Cecilia Guerrero, Augusto Barros y Oscar Pfeiffer.

El fiscal Reynoso, atento a que los hechos podrían constituir delitos reprimidos por los códigos Penal y Aduanero y fueron cometidos en detrimento del patrimonio de la Nación –Minas Capillitas pertenece a Fabricaciones Militares, dependiente del ministerio de la Nación-, estudió las posibles irregularidades como “delito precedente” a la formación de las sociedades off shore de Panamá, una de las cuales –GBT 4-18C SA- figura a nombre de nuestro comprovinciano, Ernesto Doering.

Algunos detalles

En una de las partes de la resolución del fiscal se apunta textualmente: “La empresa Somica DEM habría incurrido en un cúmulo de irregularidades respecto al transporte del mineral sin la correspondiente hoja de ruta; mal uso de las hojas de ruta para el transporte de la rodocrosita; deudas con la dirección provincial de Minería; incumplimientos referidos a la liquidación de regalías mineras, pese a las innumerables intimaciones; incumplimiento sistemático de los pagos provinciales, etc.”.

Más adelante, se da cuenta que por estas irregularidades Somica fue sancionada con una multa de $11.000.000 por no pagar el canon y lo más importante, estaría probado –a través de declaraciones que figuran en el expediente- el secuestro de remesas de casi 13.000 kilogramos de rodocrosita, lo que da cuenta de la envergadura de la maniobra que ahora deberá investigar y resolver el juez.

Intervención de Corpacci

Después de asumir, en diciembre de 2011, una de las primeras medidas de gobierno que tomó Lucía Corpacci fue intervenir Somica y confió su responsabilidad a David de la Barrera.

De sus informes surgió un cúmulo de irregularidades, muchas de las cuales están en la Justicia. Años más tarde, la empresa fue absorbida por Catamarca Minera y Energética (Camyen).