En el marco de la investigación que se lleva adelante en el Juzgado federal por la denuncia de Jorge Marcolli sobre “retornos” en la obra pública, trascendió la documentación que giró el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ante el requerimiento de la Justicia. De la misma se desprenden dos datos que pueden ser considerados relevantes para la causa. 

De acuerdo a lo que señalaron fuentes ligadas a la causa, el fiscal federal Santos Reynoso libró hace seis meses un oficio al IPV requiriendo información y documentación de un par de licitaciones.

¿Por qué lo solicitó la Justicia? Porque el empresario denunció que no le dejaron construir atribuyéndolo a que se negó a pagar el supuesto “retorno”. Sin embargo, de la documentación que giró el IPV, surge que en realidad no podía ejecutar una obra de vivienda por cuanto había una superposición de terrenos. Es decir, existían dos matrículas catastrales de dos personas diferentes para una zona común. 

Este problema fue observado por el Tribunal de Cuentas. El organismo contralor de las cuentas públicas indicó la problemática técnica y remitió la notificación del mismo al IPV. Eso sí, el TC le comunicaba al Instituto que podía avanzar siempre y cuando subsane la observación. 

Así las cosas, Marcolli presentó más documentación pero no se pudo resolver la observación técnica del Tribunal de Cuentas. Incluso, el área de proyectos del IPV, que por entonces estaba a cargo de Eduardo Brizuela del Moral (h), tampoco subsanó el problema. En definitiva, se frenó el proyecto y nunca se ejecutó la obra. 

Si bien hubo otras viviendas que Marcolli ejecutó y entregó, del informe enviado por el IPV a la Justicia surge la inquietud. Es que el empresario denuncia haber sido marginado atándolas a un presunto circuito de coimas en la obra pública en base al caso expuesto.

Es más, el empresario apuntó que otra consecuencia de su denuncia implicó que le frenaran obras a su hijo, Sebastián Marcolli.

Es aquí donde entra el segundo informe del IPV. La información reconoce que el proyecto no tenía ninguna observación y aclara que no tenía aptitud financiera. Es decir, no solo afectó a la empresa de Marcolli hijo, sino también a otras que formaban parte de la iniciativa para ejecutar 2000 viviendas. 

En definitiva, la obra por la cual Marcolli padre se consideró marginado fue frenada por el inconveniente técnico, según consta en la documentación del IPV entregada al fiscal Reynoso. A la vez todo sugiere que, al menos, Eduardo Brizuela del Moral (h) estaba al tanto de la situación.