A raíz de nuevas publicaciones que aluden a supuestas irregularidades, mediante comunicación oficial la administración de Vialidad Provincial que, desde 2015, conduce el ingeniero Hugo Naranjo, desvirtuó eventuales actos reñidos con la ley y reiteró que toda la documentación está a disposición de la autoridad judicial y de la misma Legislatura, que solicitó informes generales.

Sobre la obra Las Mojarras-Quilmes, unos 20 kilómetros que recorren el límite de Catamarca con Tucumán, quedó aclarado que la ejecución fue posible por un convenio que firmaron Vialidad Nacional con Vialidad Provincial, la que hizo las veces de contratista y para lo cual se firmó un convenio con el organismo nacional, el que permitió que la inauguración –a cargo de la gobernadora, doctora Lucía Corpacci- se concretara en mayo del presente año.

Ese convenio, cabe destacarlo, establecía el cumplimiento estricto del inicio y finalización de la obra, lo que podía generar multas en el supuesto de incumplimientos. Por este motivo, se explica, se subcontrató con la empresa Vial Not SA, del ingeniero Criel Cristobal Barceló, a través de otro convenio –con un costo de $16.000.000-  que indicaba que los pagos se realizarían cada vez que Vialidad Nacional pagara a su similar provincial.

También se especificaba en el acuerdo con Vial Nort que ésta renunciaba a cualquier planteo por los cobros fuera de término si es que Vialidad Nacional demoraba en pagar, aparte que se hacía cargo de la adquisición de lubricantes, asfalto, postes y alambres.

Documentación a la vista

La Unidad de Delitos contra la Administración Pública que tiene a su cargo la denuncia que, por contratación de maquinaria, realizara un empleado vial, ordenó allanamientos y se hizo de toda la documentación para su correspondiente análisis.
De igual manera, ante un pedido de informes de la oposición legislativa, se habría enviado todo lo actuado a fines de la semana pasada.