La relación laboral que mantendría el conocido abogado Luciano Rojas con dos municipios activó dentro del Tribunal de Cuentas (TC) de la provincia el inicio de una investigación sumarial. Esta apunta a las comunas de Santa Rosa y Andalgalá con el objeto de dirimir y recabar elementos de juicio para luego tomar las medidas que correspondan.
¿Qué busca el organismo contralor de las cuentas públicas? Verificar la designación del letrado como juez de Faltas en la comuna de Santa Rosa y también su participación como asesor legal en otro juzgado de Faltas municipal. Este segundo es el de Andalgalá.
Ambas funciones abrieron el interrogante dentro del TC sobre la compatibilidad de funciones puesto que estaría enmarcado en una situación irregular, lo que implicaría que se tomen las medidas pertinentes de acuerdo a lo establecido en la ley orgánica del Tribunal (4621/4637).
Todo se remonta a los cuestionamientos de ediles, tanto en Andalgalá como en Santa Rosa.
Por una parte, en la “Perla del Oeste”, el bloque del FJPV solicitó un informe al Ejecutivo municipal con el objetivo de conocer cuál era la situación de Rojas, designado fiscal en noviembre del 2014. De acuerdo a lo que expresaron en su momento los ediles, los expedientes que ingresaban al CD tenían la firma de otro profesional del derecho. Para el caso, figuraba como interviniente en los juicios contra el municipio el letrado Juan Reinoso Molina. 
La inquietud de los concejales andalgalenses se acrecentó cuando observaron que en los presupuestos del 2015 al 2018 figuran recursos para el cargo de fiscal. En este sentido, habían señalado que el cuerpo no había sido notificado de la desvinculación de Rojas como fiscal municipal.
En esta misma jurisdicción, a finales de octubre, el edil Sebastián Almada realizó una denuncia contra el intendente Alejandro Páez y el propio Rojas. Esto fue por cuanto el letrado se habría presentado como asesor legal de un empleado municipal denunciado por presunto robo de motopartes mientras el abogado cumplía la función de fiscal.    
Por otra parte está la inquietud en Santa Rosa. Allí el concejal Mario Páez presentó un pedido de informe al municipio por la designación de Rojas como juez de faltas o asesor de la comuna. Para el edil, esta situación significa un incumplimiento en los deberes de funcionario púbico e incompatibilidad horaria. 
Incluso, en una sesión del Concejo Deliberante, Páez solicitó explicaciones sobre el sueldo que percibe Rojas y la función que cumple en la juzgado, puesto que fue nombrado por la ordenanza 03/2014.
Ahora bien, de fondo, lo que investiga el TC es la incompatibilidad de funciones ya que ningún ciudadano puede mantener dos cargos en la administración pública, tanto provincial como municipal. Así las cosas, si el organismo contralor de las cuentas públicas encuentra que Rojas efectivamente ocupaba dos cargos al mismo tiempo se lo obligará al mismo a reintegrar los recursos percibidos.