En la cámara de Diputados se presentó un proyecto por el cual se propone eliminar la “regla del tope” vigente para los salarios del personal docente. La iniciativa fue elevada por la legisladora Juana Fernández (FCS-Cambiemos). 
Dentro de los fundamentos, la diputada recuerda que en 1992, el Gobierno de la Provincia instrumentó “lo que se dio a llamar la regla del tope salarial, por medio de la cual estableció que en ningún caso, la remuneración total por todo concepto, excluidos haberes adeudados, adicional por no asignación de viviendas y salario familiar, de los agentes de la administración pública central y organismos descentralizados, podrá superar la remuneración asignada al cargo de director de Repartición y/o titular de Organismos Descentralizados”.
Con ello, Fernández apunta a que “los funcionarios del Poder Ejecutivo que pertenezcan a la Administración Central o Descentralizada, no podrán percibir una remuneración poniendo concepto superior fijado para los ministros del Ejecutivo”. 
Menciona que desde aquella hasta el presente “la denominada regla del tope fue enfriando una serie de modificaciones tendientes a beneficiar a empleados de algunos organismos públicos que vienen afectando su salario por aplicación de la misma”.
“Sin embargo y a pesar de las modificaciones que sufrió la normativa en cuestión a través de los años, en la actualidad aún continúa vigente la regla del tope”, remarcó la diputada en su proyecto. 
De esta forma, resalta que “el fundamento del proyecto es eliminar la regla del tope en los salarios de los agentes de la Administración Pública, específicamente en los docentes por considerar que su aplicación se torna injusta y contraria a los principios rectores de nuestra Constitución”.
Además, Fernández rescata que se debe tener en cuenta “que los docentes que trabajan en el interior deben trasladarse de un establecimiento educativo hacia otro utilizando diferentes medios de transportes, como así también afrontar los gastos de los materiales didácticos que van a utilizar para trabajar con los alumnos y todos esos gastos salen del bolsillo de los docentes”.
“Se debe tener en cuenta que la regla del tope actúa en la praxis como una exacción de los ingresos del trabajador en relación de dependencia y se constituye en un verdadero tributo cuya existencia está expresamente prohibida por la Carta Magna provincial”, concluyó.