La Cámara de Diputados, que preside el diputado Fernando Jalil, dio media sanción al proyecto de Ley del diputado Augusto Barros sobre establecer un protocolo de actuación ante la presencia o presunto consumo y/o venta de sustancias ilícitas en o alrededor de los Establecimientos Educacionales.

En primera instancia, el diputado al hacer uso de la palabra agradeció a la comisión de Legislación General por darle tratamiento y despacho a la iniciativa. Seguidamente expresó: “Solamente con este proyecto se intenta establecer un protocolo a los efectos de que los distintos organismos que deban participar lo hagan en forma integral, en el caso de la existencia, la venta o el consumo efectivo dentro de los establecimientos educacionales o cerca de los mismos”.

“Ante que nada yo quiero dejar en claro que no se trata de ninguna manera de responsabilizar de estos hechos que son un flagelo en la sociedad a las niñas, niños y adolescentes, en realidad ellos son víctimas de un proceso de algunos delincuentes que pueden vulnerar fácilmente la voluntad de este segmento de la sociedad”, señaló.

En esa línea agregó: “Esto surge de reuniones que se han mantenido con autoridades eclesiásticas, en virtud de que los establecimientos confesionales contaban con un protocolo similar, con la dirección provincial de Planes y Proyectos de la Secretaría de Seguridad y con la dirección de Drogas Peligrosas dependiente de la Policía de la provincia de Catamarca. Lo que se ha intentado es unificar el criterio de actuación”.

Asimismo con respecto a los anexos de la mencionada iniciativa, el diputado Barros indicó que “en cada una de las partes de los anexos se detalla y se tiene especial cuidado en cada una de las circunstancias, no es lo mismo un adolescente con más de 16 años, los mayores de 18 años, no es igual cuando son menores de 16 sobre la temática que hay que llevar adelante. Y sí hay que tener en cuenta que, porque así lo establece la Ley 5357, independientemente de cualquier opinión que pueda haber, que establece que un organismo con rango de subsecretaría sea la autoridad de aplicación del sistema de protección y por decreto del gobierno de la provincia esa responsabilidad ha caído en cabeza de la subsecretaría de Familia dependiente del ministerio de Desarrollo Social de la provincia”.

“Sabemos que por jurisdicción y competencia la temática está vinculada a la Justicia Federal pero también sabemos que en un tiempo prolongado se trabaja mancomunadamente, los resultados han sido satisfactorios y queremos que continúen en esa dirección participando en los espacios que a cada uno de los sectores le corresponde para lograr que este protocolo efectivamente se lleve al ataque con el éxito que esperamos”, aseguró.

También Barros apuntó que “además interviene la subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, dependiente del ministerio de Salud de la provincia, y la autoridad de aplicación que se propone por la cuestión central es la subsecretaría de Educación dependiente del ministerio de Educación de la provincia”.

Por último fundamenta que “toda la información que se produzca es absolutamente secreta y sin detalle de identificación de los nombres cuando existan niños, niñas y/o adolescentes involucrados, no solo por las obligaciones impuestas por la Ley, sino que se debe preservar su identidad para evitar que a la carga de la vulneración de derechos se le agregue la estigmatización social”.

Por su parte, la diputada Verónica Rodríguez felicitó al autor de la iniciativa y realizó algunas consideraciones a los efectos de mejorar el mismo.

“Tanto el proyecto como el protocolo me parecen atinados”, señaló tras mencionar que se trata de una temática que ya se ha trabajado en varias oportunidades y que todos los esfuerzos que se efectúen al respecto, serán bienvenidos. “Espero que esta ley sea aplicable”, dijo luego tras señalar que espera la sanción definitiva por parte del Senado.

El protocolo de actuación que propone el diputado Augusto Barros cuenta con un extenso anexo detallado en distintos puntos como son: Presencia de sustancias toxicas en las escuelas; Presunción y/o detección de alumnos bajo los afectos de sustancias toxicas; Sospeche de venta o posesión de sustancias ilegales en la escuela (con distintas actuaciones en caso de:  SI EL PRESUNTO VENDEDOR ES ALUMNO DEL ESTABLECIMIENTO MENOR DE 18 AÑOS O SI EL PRESUNTO VENDEDOR ES MAYOR DE 18 AÑOS, sea alumno o no); Presunción de ventas de sustancias ilegales fuera de la escuela y disposiciones generales.