Con la firma de sus máximas autoridades –Arnaldo Javier Andrada, secretario adjunto y Jorge Escalante, secretario de Finanzas-, el sindicato de obreros y empleados municipales de Valle Viejo (SOEM) le envió una durísima misiva al Procurador de la Corte de Justicia, Enrique Lilljedahl, en la que advierten el tratamiento selectivo que brinda a diversas causas el fiscal que atiende los delitos contra la administración pública. Esto es, el doctor Marcelo Sago.
De esta manera, los gremialistas puntualizan “le solicitamos arbitre los mecanismos pertinentes a fin de establecer la razón por la que, en forma absolutamente parcial, el funcionario judicial da impulso a determinadas causas y paraliza ostensiblemente otras vinculadas a la gestión del actual intendente de Valle Viejo, Gustavo Roque Jalile”.
Agregan que “este planteo encuentra su razón en que, claramente, se puede ver como denuncias realizadas en contra de la mencionada persona, desde el 2011 a la fecha, no han tenido ningún tipo de actividad procesal. Basta señalar que obra en esa Fiscalía una auditoría del Tribunal de Cuentas que detalla numerosos ilícitos, entre ellos la entrega de un cheque del Fondo de Regalías Mineras cuando debía ser transferencia bancaria por $500.000 (año 2009, aproximadamente) en el mes de febrero, siendo ingresados los fondos recién en agosto del mismo año”.
Rematan la nota señalando “este último caso duerme en el cajón del señor fiscal, como duerme la petición de querellante de nuestra entidad en contra del Concejo Deliberante”.
Finalmente, el SOEM viejovallense apunta una denuncia gravísima. Dice “lo real es que la Fiscalía de Sago solo impulsa causas con evidente tinte político”.
Desconocemos las acciones que implementará el Procurador, pero más allá de esto existe un pedido de pronto despacho de los gremialistas en contra de las actuaciones contra el intendente Jalile.