La alianza Cambiemos, durante el último mes de sesiones ordinarias, se quejó amargamente por la aprobación de dos leyes que, en su entendimiento, tuvieron vicios formales por los que podrían ser revisadas por la Justicia. La primera de ellas fue la denominada antiplus, que busca combatir el cobro indebido de un adicional a los ciudadanos que pagan con una orden extendida por la OSEP o sindicatos que disponen de servicios médicos. Según los legisladores opositores existió una maniobra reglamentaria para alcanzar la mayoría calificada que requería la aprobación. Las quejas se extendieron, días después, a la eliminación de las elecciones PASO si es que el gobierno resuelve adelantar, para marzo, los comicios provinciales.

****
Independiente de las razones esgrimidas, algunas opinables, hay que decir que las picardías legislativas existieron durante los tiempos democráticos y, salvo excepciones, fueron ejecutadas por las mayorías. También existieron y existen, cuando se debaten cuestiones de trascendencia, los clásicos sobornos para comprar voluntades. A esos, cuando le tocó ser gobierno, los supo emplear muy bien la actual oposición. El peronismo de los años 90, dócil y maleable, lo permitió. En ese sentido, se recuerdan sesiones memorables en la que aparecieron “cartas marcadas”. Por ejemplo cuando se trataron leyes mineras, adhesión a pactos fiscales en “modo Cavallo” o la transferencia de la excaja de jubilaciones.

****
Dejando atrás el palacio legislativo, ocurrieron otras fealdades en la historia de los últimos 35 años. Un caso paradigmático es el de los jueces Cáceres y Sesto de Leiva, aparte del Procurador Enrique Lilljedhal. A mediados de los 2.000 no podían seguir en sus cargos por imperio del artículo 195 de la Constitución, que establece que los jueces deben trabajar hasta los 65 años. ¿Qué hicieron? Lilljedhal presentó un pedido de inconstitucionalidad que lo resolvieron favorablemente Cáceres y Sesto de Leiva. En forma inmediata, los dos últimos establecieron el mismo petitorio y lo aprobó un tribunal que integraba Lilljedhal. Una vergüenza monumental que, aun hoy, no ha sido reparada, y por la cual existe un juicio político.