La Corriente Progresista Radical (CPR), que de hecho orienta el exdiputado provincial José “Chichi” Sosa, es una línea con peso propio e historia dentro de la Unión Cívica Radical. Por eso vale y mucho, su pedido de que a la brevedad las autoridades convoquen a la convención para debatir los pasos a seguir ante la alternativa que la gobernadora Corpacci adelante las elecciones para marzo próximo. Aunque todavía no hay definiciones, en los territorios radicales se sospecha que, a partir de fines del presente año, la primera mandataria podría firmar el decreto que habilite el turno de marzo para votar las autoridades –desde gobernador a concejal- del período 2019-2023. Parten del entendimiento que la suspensión de las PASO y la inauguración de obras en serie de los últimos tiempos, como la entrega de viviendas, forman parte del preparado previo a enfrentar un acto electoral. ¿Será realmente así? Por cercanías de la Casa de Gobierno nadie asegura nada. Tampoco nada se descarta.

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La postura de “Chichi” Sosa es muy razonable. Conoce de sobra que si se convoca para marzo, por las turbulencias que existen hoy en la UCR, habrá grandes problemas para armonizar las listas de candidatos en toda la provincia. La virtual fractura que dejó la fallida interna del 2 de junio del presente año sería el punto nodal de la discusión. La conducción orgánica, de sesgo castillista, podría designar candidatos de sus propias vertientes, pero resulta difícil, por no decir imposible, que las aguas partidarias se aclaren con una medida de esta naturaleza. Peor todavía. Más de uno sospecha que la oposición interna, encarnada en las figuras de Ricardo Guzmán, Eduardo Brizuela del Moral, Pernasetti y Augusto Acuña, podría tomar la decisión de enfrentar la interna que no fue, por ausencia de las PASO, en las generales. Sería, de hecho, una circunstancia histórica y, ni en los peores sueños, imaginada por los radicales. Por ello, Sosa se adelanta a todo y pide el debate de los convencionales ante señales de peligro demasiado visibles. Nosotros, como diario, descreemos de un marzo electoral, pero si nos equivocamos, sabemos que en la UCR y en la misma alianza Cambiemos puede producirse un terremoto político. Es que los protones y electrones se cruzan y entrecruzan con el peligro que ello significa.

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El inoxidable intendente de Pomán (lleva cinco períodos consecutivos en tal situación), Francisco Gordillo, saltó a escena en los últimos días y aumentó, de alguna manera, la confusión en filas oficialistas. Al ponderar la conducción de Lucía Corpacci, de quien fue su primer ministro de Gobierno, indició que su presencia para el proyecto peronista actualmente en marcha resulta fundamental, aunque desechó que vaya a ser la única representante del sector. En esa dirección, ratificó las posibilidades de sucederla que tiene Raúl Jalil y añadió al diputado nacional Gustavo Saadi como otra figura a tener en cuenta, aunque aclaró que en cualquiera de los escenarios el nombre de Corpacci “debe figurar en la boleta electoral”. ¿Qué quiere decir esto último? Si mal no entendemos o interpretamos al intendente de la amplia jurisdicción pomanense, sin vueltas, que la gobernadora se mantenga en la política desde otra posición. ¿Habrá sugerido que sea diputada nacional y pase a ocupar una de las dos butacas que, a fines de 2019, dejarán Verónica Mercado (FPV) y Orieta Vera (Frente Cívico-Cambiemos) en el Congreso de la Nación?

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El senador nacional Dalmacio Mera, como lo expresamos en otras oportunidades, ya juega frontalmente contra el gobierno de Corpacci. A las desgraciadas opiniones sobre el estadio (quiere que lo abran sin siquiera considerar la instancia judicial en que se encuentra el litigio); la eventual suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y el pedido casi irresponsable de un bono de fin de año para los empleados públicos sin saber, a ciencia cierta, si las arcas gubernamentales lo permiten, sumó en los últimos días una carga contra el intendente de la Capital por adherir a los planes de la Casa de Gobierno y aceptar, aunque sea extraoficialmente, la posibilidad de un tercer mandato de Corpacci. Como se sabe, Raúl Jalil hasta deslizó que podría acompañar a la Jefa del Estado en una eventual fórmula para las elecciones que se vienen, lo que habría hecho añicos el pensamiento merista de sumarlo a la llamada Alternativa Federal, por lo que trabaja junto a Urtubey, Miguel Pichetto y Sergio Tomás Massa. Sobre este agrupamiento, que suma acompañantes y se presenta como una versión distinta al peronismo kirchnerista, existe una fecha clave para saber hasta dónde realmente piensa llegar. Será el miércoles 19 cuando lleve a cabo un plenario, en el que se sabrá definitivamente cuánto y quiénes son  los que enfrentarán el proceso electoral.

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El Círculo Médico, acompañado por el Colegio de Médicos de Catamarca, no se resigna a aceptar que la OSEP pueda llevar adelante contratos de parte con profesionales locales, tal como lo habilita la ley antiplus recientemente aprobada en la Legislatura provincial. Para ello, a través de la oposición política, ha concurrido a la Corte de Justicia objetando cuestiones formales del instrumento legal que avalaron los aliados del gobierno y que aún debe ser reglamentado por el Poder Ejecutivo. Más allá de esta presentación, de dudosa resolución, las entidades médicas deben comprender que el origen de la desregulación del sistema es el indebido cobro del plus, por el cual se alzaron en armas sindicatos como el municipal que se oponen a que sus afiliados se le aplique el adicional, so pena de iniciar medidas de fuerza que afectan al conjunto de la sociedad. Esto ha llevado a tomar decisiones políticas, una de las cuales fue la aprobación de la ley de la discordia, destinada fundamentalmente a tener cómo frenar a quienes parecen no comprender que la gran mayoría de los pacientes no están en condiciones de sufrir, en tiempos de crisis extendida, un nuevo ataque al bolsillo. Seguir hablando de “mínimo ético”, a no engañarse, significa hablar de dinero y cuando se habla de dinero se deja de lado lo ético, posición que se guía por parámetros diferentes. ¿Se entiende, no? Es, más o menos, como si los periodistas quisiéramos un “mínimo ético” que las empresas no están en condiciones fácticas de pagar.

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La Legislatura provincial, luego de los encontronazos de noviembre, lleva adelante las sesiones extraordinarias con el tratamiento de los proyectos que envió el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en comisión, mantiene latente iniciativas que podrían ser resueltas, o no, en los próximos días. Una de ellas la estudia la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el renovador Horacio Sierralta,  la que tiene en carpeta la expedición del dictamen para el pedido de juicio político contra dos jueces de la Corte de Justicia, uno de los cuales –José Ricardo Cáceres- desafió en su momento a los legisladores que lo lleven adelante, en orden a que está dispuesto a enfrentarlos y ratificar que su situación legal en el cargo no admite objeciones. Tras haberse declarado la admisibilidad del petitorio, es probable que el dictamen (tiene plazos legales que debe cumplir para impedir quedar sin materia) pueda salir, aunque el debate en el seno de la cámara de Diputados pasaría para el período de sesiones ordinarias que se iniciará en mayo de 2019.

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Diciembre, al menos a partir de aquel 2001 en que cayó el gobierno de Fernando de la Rúa, se ha convertido en el mes políticamente más caliente del año. Nada tiene que ver en este caso la temperatura ambiente. No en vano, el gobierno nacional ha sacado a la palestra el pago de un bono que varía entre 4.000 y 5.000 pesos y, en las últimas horas, ha reforzado las partidas para las organizaciones sociales. En Catamarca, las cosas están aparentemente tranquilas, pero nadie asegura que las demandas vayan a desaparecer. Por lo pronto, hubo voces de la toma de tierras fiscales o privadas, para lo cual se llegó a hacer una campaña por whatsapp, sobre la cual está naturalmente informado el secretario de Seguridad, Marcos Denett, quien ha tomado medidas que ojalá disipen intentonas que superen los marcos de la legalidad.

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RECUERDOS. Como todos los martes, jueves y domingo, cerramos los “Apuntes” con la memoración de hechos ocurridos en el pasado cercano. El 9 de diciembre de 1993 fue un día de asunción de autoridades en las cámara legislativas. A tono con el predominio político que, hace 25 años, ejercía el Frente Cívico, hegemonizado, como siempre, por la UCR, el oficialismo ratificó la conducción. En la cámara de Diputados fue elegido presidente el doctor Ricardo Guzmán, quedando la vicepresidencia para el médico Mario Marcolli, quien formaba parte de lo que se llamaba en aquel momento el “peronismo disidente”. Disidente a la conducción del exgobernador Ramón Saadi, se entiende. En la cámara de Senadores ocurrió algo similar. Los representantes departamentales votaron para presidente por el doctor Miguel Ángel Arévalo, el caudillo radical de El Alto, y la vicepresidencia para el extinto Raúl Blas Bosch, otro peronista que se ubicaba en el peronismo antisaadista. Por último, en el Concejo Deliberante de la Capital, en reemplazo de Horacio Pernasetti, designaron presidente a Ernesto “Barón” Acuña. Vice resultó Arnaldo “Gaucho” del Pino y la vicepresidencia primera recayó en Ramón Rosa “El Mocho” Luna, que había sido electo concejal en 1991 por lo que se llamaba el Frente de la Esperanza para una nueva Catamarca (FENCa.).

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A fines de noviembre de aquel ’93, el entonces gobernador de Córdoba y figura indiscutida de aquel momento, Eduardo César Angeloz, lanzaba su candidatura a presidente de la Nación, la que iba a ser confirmada en los tiempos que venían. Finalmente el cordobés, que se vio envuelto en algunas situaciones judiciables, enfrentó a Menem en 1995, pero perdió por cifras de contundencia. Fue prácticamente el comienzo del ocaso de su figura.