La denuncia de la flamante cofradía que formaron las Actrices Argentinas –tal es su nombre- contra el artista y personaje de la farándula argentina, Juan Darthés, tuvo los efectos de una bomba en todos los ambientes de la vida ciudadana. No habían pasado dos horas de la dramática revelación que tuvo como víctima a Thelma Fardín, presumiblemente violada, cuando comenzaron a saltar al aire otros casos iguales o parecidos, todos los cuales se inscriben dentro de la violencia de género, un fenómeno que cobra fuerza en el mundo y coloca a la mujer como centro de los ataques de sus congéneres varones. La reconocida periodista del grupo América, Romina Manguel, al abrir el ciclo “Animales Sueltos” en la noche del martes, reveló que fue acosada por un invitado al programa periodístico que conduce Alejandro Fantino y que, anteriormente, en otro medio, recibió otras avanzadas de deshonestidad. A partir de allí, se multiplicaron los relatos de casos diferentes que, cual catapulta, vinieron a poblar las redes sociales y amenazan con poner al desnudo a figuras públicas impensadas. Hasta en la bucólica Catamarca, casi inmediatamente, llegaron las esquirlas del bombazo (ver nuestra crónicas) que envió a segundo plano hechos noticiables de gran audiencia como la convocatoria a indagatoria del padre del presidente de la Nación o la excarcelación que la Justicia dispuso para Amado Boudou, el exvicepresidente detenido en la cárcel de Ezeiza. Que a nadie extrañe, entonces, que en los próximos tiempos se produzcan otras acusaciones de calibre parecido.

En la edición del domingo, desde este espacio de la política, comentamos el discurso que había pronunciado el titular del Colegio Médico de Catamarca, Guillermo Raúl Martínez, durante la premiación 2018 de los profesionales de la especialidad. Independiente de destacar cosas muy positivas que llevó adelante la entidad, como ser contribuir al cuidado de la salud de los propios médicos, se refirió al nivel de remuneraciones que perciben en estos tiempos de grandes apremios económicos. En ese sentido, aludió a un mínimo ético que tiene que ver con la delicada misión de custodiar la vida de los ciudadanos y merituar la preparación que se requiere para llegar a cumplir ese rol, lo mismo que la permanente capacidad que demanda el avance de la ciencia. Martínez, en esa dirección, reivindicó al Círculo Médico –su hermana gremial, digamos- como la institución excluyente para negociar ese mínimo ético, del que este diario hizo una lectura de carácter político. Para ello pintó la realidad del momento, en el cual los profesionales que se sienten mal pagados cobran un plus médico que, lo reiteramos, a nuestro modesto entender configura un delito que no se condice con las zozobras que le toca vivir hoy a la gente. En momento alguno, afirmamos que Martínez haya hablado del plus, lo cual si fue una lectura editorial El Esquiú.com. Por este tema, como corresponde, publicamos textualmente hoy la carta que nos envió el Colegio Médico, en la cual reafirma su postura y señala que nunca se habló del plus, lo cual se cierto. Desde el periodismo, valga la aclaración, reafirmamos que se trató de una lectura política del discurso del pasado viernes.

Altiempo que el boleto de transporte urbano trepó casi un 30% en nuestra ciudad, entre las autoridades y empresarios del rubro comienza a cobrar especial preocupación lo que puede venir en la materia. Es que, conforme a lo anunciado, a partir de 2019 –o sea, en pocos días más- el gobierno nacional quitará el subsidio al transporte, lo cual puede producir un golpe mortal a la economía lugareña. Ahora mismo, con el subsidio, a las empresas les cuesta una enormidad mantener los servicios y pagar los sueldos de los empleados, la mayoría de ellos choferes. Sin esa ayuda, el tema obligará a un debate profundo en los despachos oficiales donde, ahora mismo, calculan que hacerse cargo de la quita puede costar más de 300 millones de pesos anuales. ¿Cómo va a hacer esta provincia y otras de un rango parecido para enfrentar este problema, casi similar al que significó para los intendentes la quita del famoso fondo sojero? Por ello comprendemos la preocupación oficial y nos adelantamos a pronosticar que la resolución final será materia de negociaciones donde todos, sin excepción, tendrán que hacer su aporte. No olvidemos que, en lo que va de 2018, en el sector se produjeron numerosos despidos y los empresarios recortaron gastos hasta el mínimo indispensable. 

Y precisamente por los apremios económicos que se avecinan y que se sentirán apenas terminen las vacaciones tradicionales –enero y febrero-, llama poderosamente la atención algunas demandas dinerarias que, más que por convicciones, se emparentan con la demagogia. Una de ellas la lleva adelante la diputada provincial Macarena Herrera, obsesionada con el pedido de un bono de fin de año para los empleados públicos, sobre el que el gobierno no realizó ningún anuncio. La legisladora, último bastión del senador nacional Mera en la Legislatura catamarqueña, ya había lanzado proclamas parecidas durante el tratamiento de la ley que suspende las elecciones primarias (PASO) en el supuesto que se convoque a votar en marzo. En ese momento, lejos de comprender el argumento económico que expuso el gobierno, ofreció su voto a cambio que el ahorro sea destinado a entregar un bono a los estatales. Al parecer no comprendió bien el mensaje y desconoce que los billetes no se pueden multiplicar por decreto. Tampoco que el bono no podrá ser pagado por numerosas empresas privadas del medio que, sin exagerar, hacen malabares para abonar el aguinaldo y encima, por ley, le exigen el pago de otro adicional de fin de año. ¡Aguante la demagogia!

Con toda lógica, y apelando a razones elementales, Vialidad Provincial pidió el cambio de jurisdicción para el tratamiento de una causa que fue denunciada en la justicia provincial, pero tiene que ver con la construcción de la ruta Las Mojarras (Santa María-Catamarca)-Quilmes (Tucumán) que afecta al territorio nacional y, por lo tanto, sería materia de la justicia federal. La obra, que fue impulsada con firmeza desde Casa de Gobierno, se llevó a cabo por un convenio entre Vialidad Nacional y el organismo provincial, que actuó como empresa contratante para materializar la ruta que embellece los Valles Calchaquíes. La duda, instalada en la Justicia por personas disconformes con la actual conducción gremial, está relacionada con la subcontratación que el ente provincial realizó en forma directa con una empresa local que, de acuerdo a lo convenido, cobrará en la medida de los desembolsos de la filial nacional. Más allá de las cuestiones formales, hay que aclarar que esta obra era de gran interés de la provincia y se hizo sin que la dependencia que conduce Hugo Naranjo tuviera ganancias, lo que bien pudo pretender en su calidad de contratante. Que Vial Norte, la constructora de la ruta a la cual ni siquiera conocemos, haya ganado dinero, nos parece muy bien. Más aún si hizo las cosas como corresponde y cumplió con el contrato, lo que suponemos ocurrió. Aparte, convengamos, ninguna empresa trabaja para perder o tan siquiera empatar.

En lo que atañe a la política partidaria, por estos días, sobresalen dos cosas. Una de ellas está relacionada con las encuestas que llevan adelante las distintas conducciones. En el oficialismo, por lo que se sabe, varias de las precandidaturas o candidaturas, se definirán por lo que marquen los números de intención de voto de los postulantes. En este sentido, son varios los funcionarios que están siendo encuestados, aunque la selección no abarcaría a todos los postulantes. Siempre hay algún tapado que espera el momento oportuno para salir a expresar sus pretensiones. La restante tiene que ver con los radicales. Cada día que pasa aumenta la ansiedad por saber cómo se hará la selección de candidatos y ya son mayoritarias las voces que piden la convocatoria de la convención, el órgano deliberativo que define si continuará el viejo derrotero de no realizar internas electivas. No habiendo PASO, dudamos que pueda mantenerse en tal tesitura.

RECUERDOS. Como todos los jueves, domingo y martes, cerramos los “Apuntes” con la memoración de hechos ocurridos en el pasado cercano.
Un día como hoy, pero hace 25 años, se firmaba un histórico acuerdo político. Sus actores no eran otros que dos expresidentes, Carlos Saúl Menem y Raúl Ricardo Alfonsín. El primero estaba en ejercicio y el segundo había dejado de ser presidente en julio de 1989. Acordaban aquel 13 de diciembre de 1993 la reforma de la Constitución Nacional. Para ello acordaron coincidencias básicas, entre las que se contaban una sola reelección para la fórmula presidencial; acortamiento del mandato de 6 a 4 años; eliminación del requisito confesional para ser mandatario; implementación del balotaje si el ganador de la primera vuelta no superaba el 40%; aumento del número de senadores nacionales, de 2 a 3; creación de la figura del jefe de gabinete; elección directa del Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que antes lo designaba el Poder Ejecutivo Nacional; limitación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU); creación del Consejo de la Magistratura para la designación de los jueces y enjuiciamiento de los mismos. Al final de aquel día, Alfonsín dijo algo que valía mucho en aquel momento: “nos salvamos de volver a los viejos antagonismos”. Su predicción no se iba a cumplir. Hoy existen extraordinarias grietas y algunos, día a día, las alimentan.

Los enfrentamientos públicos y judiciales entre los diarios de Catamarca siempre existieron. En 1993, a raíz de una denuncia por amenazas del abogado Roberto Urioste, que había publicado el viejo diario La Unión, desde la empresa NORUZI (creadora y propietaria de El Ancasti) se conminaba al diario del Obispado a ratificar o rectificar lo publicado a través de una carta documento. Obviamente, eran tiempos que El Esquiú.com no existía. Las amenazas, según Urioste, tenían que ver con sus investigaciones por la obra del siglo que debía construir NORUZI y, finalmente, no lo hizo.

El Esquiú.com