Desde la bancada periodística

Cuando la información es la condena

sábado, 15 de diciembre de 2018 00:00
sábado, 15 de diciembre de 2018 00:00

Desde hace más de una década, la política está íntimamente asociada a la Justicia. Así, la división de poderes que proclama la Constitución Nacional no parece ceñirse a lo que, taxativamente, afirman los textos o lo que nos enseñan en la escuela en clases de Instrucción Cívica.
Los tribunales del país, casi sin excepciones, están repletos de causas donde la política es la acusada. 
Se ha llegado al punto que toda una organización (¿o desorganización?), el kirchnerismo, que gobernó durante 12 años la Nación, ha sido llevada al banquillo de los lamentos. 
Por andariveles distintos, ciento y cientos de políticos fueron denunciados y algunos, tristemente célebres, permanecen detenidos. A ellos habrá que sumarle una nueva clase de acusados y privados de la libertad. Nos referimos a los empresarios y sindicalistas, quienes formaban en el pasado el selecto grupo de los intocables.
A la política y la Justicia, que entremezclan roles de participación, se les incorpora un actor cuando tiembla el Estado de Derecho: los medios de comunicación. Ya no informan. Desinforman. Van más allá. Alegan, prejuzgan y juzgan. Tampoco disimulan preferencias políticas y poco, muy poco, les importa el imperio de la verdad.

La industria de las coimas

Si la judicialización de la política, teóricamente el freno a la corrupción que existe en el país, serviría para cambiar la imagen que ofrecemos al mundo, hoy estaríamos celebrando la vigencia del Estado de Derecho en su máxima expresión. Sin embargo, otra es la historia.
A la opinión generalizada que los políticos son corruptos o, cuando menos, aprovechadores del sistema, se ha sumado un descrédito inmenso de la Justicia que, cada día que pasa, pierde credibilidad. Prácticamente todos los fallos que saca, especialmente si se trata de los tribunales federales, ni por cerca trasladan conformidad. Las críticas y las acusaciones políticas se hacen sentir inmediatamente, con lo cual llegamos a la triste conclusión que aplicar el Derecho es peligroso y no aplicarlo doblemente peligroso.
Por cierto, en el juego de las perversidades, está la prensa. No para poner el equilibrio que haría falta, sino para agregar “más leña al fuego”, adhiriendo o rechazando los fallos que puedan influir, complementariamente, en la política.
Si las cosas son así, todos –políticos, jueces, periodistas, opinantes, etc- deberían saber que han cedido los cimientos de la seguridad jurídica, aquella que con vehemencia gallega reclamaba Raúl Alfonsín y por la que, indudablemente, no llegan inversiones prometidas por unos y otros. ¿Cómo puede suceder tal cosa si la ley es manipulada conforme a la cara del cliente o su poder económico?
Parte de este escenario de descrédito se vivió en 2018, en el cual saltaron a la consideración pública, cual novedad, “hechos y costumbre” que tienen décadas y forman parte de la decadencia de la Argentina. Nos referimos al tráfico de influencias y las coimas, las cuales están prácticamente comprobadas, pero sin delimitación justa de las responsabilidades.
¿Quiénes son los culpables de la corrupción: los políticos o los empresarios? ¿O, acaso, los dos? ¿La Justicia no cuenta?  ¿La prensa, nada que ver?
En la famosa historia de “los cuadernos de las coimas”, que denunció una persona supuestamente arrepentida de coparticipar las ganancias coimeras, están metidos todos. Además de los políticos y empresarios, no quedan al margen los propios juzgadores o la prensa que, tendenciosamente, al informar, comienza a establecer “condenas previas” que no serán aclaradas, en el futuro, ni siquiera con una absolución. Nada. Dicen que si a alguien marcó algunos de los medios hegemónicos, detrás de los cuales hay también corruptos disfrazados de señores de punta en blanco, queda condenado. Patético. Es la Argentina 2018.

Catamarca, una fotocopia

En nuestra provincia, las cosas no son diferentes. Y no lo son porque se trata de copias de lo que ocurre en las latitudes portuarias.
La Justicia, aunque sea en menor medida, produce por lo general fallos políticos que, con adhesiones y críticas de quienes son sus receptores, llegan al público. Y a la prensa local, en niveles de grotesco, le encanta seguir las pautas del proceder nacional. Nada original. Denuncia casos al voleo y, muchas veces, de una declaración aislada, crea un estado de sospecha que, increíblemente, se convierte en condena ciudadana. De hecho, porque las pruebas –son las que valen en la Justicia- no aparecen, no existen en 35 años de democracia condenas jurídicas de ejemplo o que hayan enterrado cualquier duda. Es más. Casi nos animaríamos a decir que, por la generalidad, no hay condenas. Lo que si quedan son informaciones que, de antemano, condenaron.

Un caso emblemático

Mientras varias denuncias, que si tienen pruebas y actores de carne y hueso, duermen el sueño de los justos, hay un caso que ha despertado este año las pasiones de la política y las presiones a la Justicia por la vía periodística.
Nos referimos a la denuncia mediática del empresario Jorge Marcolli, quien demandó un supuesto tráfico de coimas que habría ocurrido hace más de 15 años y, en su caso, pudo derivar en una discusión de tono poco amistoso con José López, el hombre de los bolsos con dólares que, en aquel entonces, era Secretario de obras públicas de la Nación y, siempre supuestamente, cobraba las coimas que Marcolli se negó a pagar.
En el medio de la denuncia, se incluyó a Rubén Dusso, que en aquellos años se dedicaba a la construcción y ni soñaba con ser funcionario, lo que ocurrió recién en 2011. Obvio: en 2003 ó 2004 (la referencia de Marcolli, que adhería y fue funcionario del FCS), era un rostro más en la ciudad. Un ciudadano de a pié dedicado a su empresa, DUCANOR.
¿Por qué esta denuncia es ciento por ciento política? Porque el actor principal es José López (no lo decimos nosotros, sino el fallo del fiscal Reynoso), personaje extraño a Catamarca. Dusso es secundario, pero se convierte en la presa de la falsedad porque, ahora sí, actúa en política. Nada menos que de ministro de la obra pública, donde cumple un rol destacado. Atacarlo, entonces, es negocio político que, con presiones a la Justicia, puede surtir buenos efectos. No importa que, dentro de varios años, no sea condenado, como efectivamente va a ocurrir. Solamente interesa a los mediáticos, y acompañantes de los mediáticos, meterlo en el barro y que la gente lo asocie a la corrupción.
Tan débil resulta esta denuncia, aunque para algún medio sea escándalo de proporciones impresionantes, que únicamente tiene un testigo que, a su vez, se declara públicamente enemigo de Dusso y del gobierno que integra, que nunca lo tuvo en cuenta. 
En más, nadie avaló a Marcolli. Más de 25 empresas lo desmintieron, lo mismo que los exfuncionarios radicales de aquellas épocas. Estos, especialmente Pedro Molas, le dejaron al juez la situación real de cómo funcionaba la construcción de viviendas, la relación con el gobierno nacional (kirchnerista y socio del entonces gobernador, Brizuela del Moral) y los requisitos formales, entre otros, la creación de cuentas bancarias, que formaban parte del guión de la mentira.
El jueves debió declarar el principal acusado, José López. No lo hizo y posiblemente no lo haga, con lo cual le quita a la autoridad judicial el testimonio clave de la causa, a la que irónicamente llaman “Dusso”. Esto solo ya es cabal muestra de la subjetividad de la prensa que impulsó las falsedades o las verdades no comprobables con pruebas y testimonios.
¿Si el dictamen fiscal dice que el acusado es López y Dusso un partícipe necesario, cómo debería identificarse a la causa? Que los lectores saquen la cuenta de lo que son las informaciones que condenan.

“¿Quiénes son los culpables de la corrupción: los políticos o los empresarios? ¿O, acaso, los dos? ¿La Justicia no cuenta? ¿La prensa, nada que ver?”. 

El Esquiú
 

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