La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, no podrá ampararse en sus fueros como diputada ante una demanda civil que le inició, por daños y perjuicios, el administrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi, determinó un tribunal. 
La Sala B de la Cámara Comercial rechazó la “inmunidad parlamentaria” que interpuso Carrió, en una decisión en la que incluyó al secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez, que compartió con la diputada la denuncia penal contra Marchi. Ahora, la diputada y el funcionario serán investigados sobre si plantearon una falsa denuncia y montaron una “operación de prensa”.
“Los demandados, al denunciar penalmente al actor imputándole la comisión de delitos exorbitaron la inmunidad de opinión parlamentaria al ocurrir ante otro poder de la Constitución pretendiendo llevar a juicio a un ciudadano”, indicaron los camaristas Roberto Parrilli, Omar Díaz Solimine y Claudio Ramos Feijoó en su fallo. 
Sostuvieron que negar la chance de que Marchi reclame un resarcimiento en el ámbito civil por los daños ocasionados “violaría el límite de igualdad ante la ley”. 
Carrió y Sánchez denunciaron al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y a Marchi el 13 de enero de 2016 por enriquecimiento ilícito ante el juez Sergio Torres.
La denuncia fue luego archivada por “inexistencia de delito”. Marchi adujo que al momento de plantear la denuncia penal, afectaron su buen nombre y honor a sabiendas de que la AFIP había declarado la “inexistencia de interés fiscal en el caso”. 
Carrió denunció a Lorenzetti  por “enriquecimiento ilícito”. El funcionario los demandó civilmente un año después, pero Carrió, pese a que sostuvo públicamente que no se ampararía en sus fueros, se defendió argumentando que sus dichos estaban amparados en su función como legisladora.