Honda repercusión produjo en la clase política y los tribunales de todo el país un fallo reciente de la Sala B de la Cámara Comercial porteña. A raíz de la denuncia por enriquecimiento ilícito que le iniciaran los legisladores Elisa Carrió y Fernando Sánchez (hoy secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete) al administrador de la Suprema Corte, Daniel Marchi, (el tribunal) determinó que ante el reclamo de “daños y perjuicios” de este último, los representantes de la Coalición Cívica no pueden ampararse en sus fueros legislativos. Tampoco deslindar responsabilidades civiles diciendo que la denuncia inicial respondió a “móviles políticos”. Toda esta historia comenzó en 2016 cuando Carrió, siguiendo su inveterada costumbre, agregó una más a la catarata de denuncias que registra en su haber. Apuntó directamente, junto a Sánchez, contra el extitular de la Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, y el administrador Marchi por el supuesto mal manejo de los fondos del Poder Judicial de la Nación, pero su presentación fue archivada por “inexistencia de delito” (decisión del juez Ramos), en orden a que no estaban las pruebas que avalaran un cargo de esta naturaleza.

Inmediatamente después, Daniel Marchi demandó a los “cívicos” por entender que afectaron su buen nombre y honor “a sabiendas de que la AFIP había declarado la inexistencia de interés fiscal en el caso”, ante lo cual Carrió solicitó se aplique la “inmunidad parlamentaria”, la que fue rechazada por Roberto Parrilli, Omar Díaz Solimine y Claudio Ramos Feijoó. Los camaristas, en su fallo, entendieron que los fueros de cualquier naturaleza valen para el trabajo legislativo o lo que derive de él, no para evitar un contragolpe judicial por la eventualidad de una falsa denuncia, lo que “violaría el límite de igualdad ante la ley”. Carrió anunció que apelará, pero es probable que la historia no cambie. Es que no se puede andar por la vida “denunciando y denunciando” sin presentar las pruebas y evidencias que hacen falta.

A propósito del freno a Elisa Carrió, hay que decir que en Catamarca existieron casos, sino iguales, muy parecidos. Los más comentados tienen que ver con el senador nacional Oscar Castillo quien, hace muchos años, denunció por la televisión nacional que el extinto presidente de River y exembajador en Holanda, Julián William Kent, tenía relación con el tráfico de drogas. Por las condiciones morales de Kent, seguramente, el tema fue un escándalo, al punto tal que el recordado conductor televisivo, Néstor Ibarra, le espetó en cámara a Castillo: “de qué está hablando. Tiene idea de lo que está diciendo. Conoce usted al escribano Kent”. El silencio del hoy senador fue total. Peor todavía cuando concurrió a la audiencia de conciliación con el exembajador. Su retractación no dejó dudas de que había denunciado con irresponsabilidad. Años más tarde, el mismo Castillo, a propósito de la Tragedia de El Rodeo, afirmó que Alfredo Marchioli “fue sobornado, a través de un pago de $200.000, para hacer una pericia falsa”. Cuando le tocó ir a la Justicia a dar cuenta de sus dichos, sin ponerse colorado, indicó que sus declaraciones se realizaron en el fragor de la contienda política. Ambos casos, sin dudas, fueron parecidos o más graves que el de Carrió ante Lorenzetti y Marchi. Hay otro más: el abogado Fernando Musella, que milita en la política, acusó a Ángel Mercado de amenazas a través de una plataforma electrónica. La causa, después de que declarara el acusado (aceptó que el correo era suyo, pero negó la amenaza y se la atribuyó a un hacker), fue archivada por el juez Carma y, a pesar de una revisión dispuesta por la Cámara de Apelaciones, se calcula que no prosperará. Otro caso para no respaldarse en el marco que, supuestamente, les permite a los políticos “denunciar por denunciar”. Distintos son los cruces por “calumnias e injurias” entre los personajes públicos. En ellos no se pone en juego la falta de pruebas.

El pedido de juicio político contra José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva avanzó hacia su realización el pasado martes. La comisión de Asuntos Constitucionales, con mayoría peronista, emitió dictamen (el trabajo demandó meses de estudio y quedó plasmado en más de cuarenta páginas) señalando que existen los presupuestos para enjuiciar a los miembros de la Corte de Justicia, uno de los cuales -Cáceres- tildó la presentación de “ridícula” y desafió a los legisladores a que avanzaran con el proceso. Digamos que el martes le dieron con el gusto. Hay que destacar, asimismo, que hubo dos despachos opositores que se pronunciaron por el rechazo, aunque con anterioridad habían aceptado la admisibilidad de la presentación que, en agosto pasado, materializara el abogado Eduardo Andrada. El tratamiento por parte de la cámara de Diputados para acusar podría movilizarse en mayo de 2019, cuando se abran las sesiones ordinarias, y para su aprobación se requieren los dos tercios de los votos. En ese sentido, para el diputado Augusto Barros, dadas sus bravuconadas, Cáceres debería pedir a sus amigos de la oposición que den el número para poder demostrar la inconsistencia del pedido que, según él, se torna “ridículo”. Eso sería mucho mejor que seguir litigando por los medios de comunicación, como lo vino haciendo hasta ahora.

El reportaje que el intendente de la Capital, Raúl Jalil, concedió al portal Infobae, incluyó medulosos conceptos referidos a la situación de pobreza que vive la Argentina y que amenaza con consolidarse en el tiempo. Para el dirigente, “la acción social como acción social, la entrega de bolsones o planes indiscriminados a  través de movimientos sociales, no han mejorado la calidad de vida de la gente. Y lo que uno quiere es que la gente pase de un nivel social a otro nivel social”. Asimismo, reafirmó que los planes tienen que tener una contraprestación, lo que no debería ser materia de discusión y si el punto de partida para conseguir capacitaciones que redunden en beneficio de los propios interesados. De igual forma, pronosticó que los tiempos del futuro serán difíciles para todos, pero en ningún momento cargó contra la existencia del ministerio de Acción Social para el hipotético caso que fuera elegido gobernador. De lo que sí habló, y lo aclaró, fue de una profunda reformulación del sistema actual.

La entrega de viviendas por parte del Estado, sobre el filo del año, ha vuelto a ingresar a un escenario de polémica donde, por supuesto, no faltan elementos políticos. En los departamentos Fray Mamerto Esquiú y La Paz se registraron situaciones de desencanto por parte de los marginados, lo que habla a las claras que se han relajado los fuertes controles que, a partir de 2011, impuso el gobierno de Corpacci. Recordemos que se estableció un padrón guiado, fundamentalmente, por la antigüedad, y las excepciones fueron únicamente para cuestiones humanas de estricta necesidad. La brecha de estos días, políticamente, fue bien aprovechada por el diputado Carlos Molina, un genuino representante del PRO y de Mauricio Macri en la provincia. Ha dicho el legislador: “Se debe terminar con los acomodos”. Algo de razón, por los casos expuestos públicamente, debe tener. Sin embargo, en buena medida, el aserto se le vuelve en contra por la política de entrega de viviendas de los años 90 en Catamarca y de la visión que, sobre el tema, tiene el presidente Macri.
Puertas adentro de la provincia, durante varios lustros, se practicó un mecanismo ruin con la cesión de viviendas. ¡Quién no recuerda los múltiples casos de personas que, con un buen pasar económico, engrosaron su patrimonio con una vivienda social o aquellos que, con la mirada cómplice de la autoridades, no la pagaron! Varias y diversas circunstancias como estas han quedado impresas en los diarios locales, lo mismo que manifestaciones de protesta, cuando no algún caso dramático como mujeres que intentaron prenderse fuego si no les entregaban una casa. Por allí, el diputado Molina desconoce los hechos o tal vez no estaba en Catamarca. Su crítica de hoy vale, pero debería partir un relevamiento del inventario general. En lo que respecta a Macri, durante sus ocho años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, la construcción de viviendas no formó parte de sus desvelos.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” de la fecha con el repaso de acontecimientos de hace 25 años atrás.
La idea de recortar gastos del sistema jubilatorio, que se discute con insistencia durante el mandato de Mauricio Macri, no es una cuestión nueva. En diciembre de 1993, por ejemplo, Anses determinaba que a partir del 1 de febrero de 1994 se aumentaba la edad para poder jubilarse. Los varones podrían hacerlo a los 62 años y la mujeres a los 57, lo que con el paso de los años sufrió una nueva modificación. Los varones pasaron a los 65 y las mujeres a los 60, distribución que rige hasta nuestros días, aunque el presidente de la Nación quiere que vaya más allá, a los 65 años para las mujeres y a los 70 para los varones. Si bien este objetivo será difícil de alcanzar, el gobierno nacional permitirá que las personas sigan trabajando hasta cuando lo deseen.

El 19 de diciembre de diciembre se sorteaba el campeonato mundial que, en los Estados Unidos, iba a disputarse a partir de junio de 1994. Los argentinos celebrábamos alborozados el resultado de aquel acontecimiento que nos ubicaba en un grupo accesible con Grecia, Nigeria y Bulgaria. Prácticamente se extendía la idea que podíamos ser campeones, especialmente por la presencia de Diego Maradona, pero todo iba a terminar en un escándalo mundial. El astro del fútbol dio doping positivo y todo se vino abajo. Quedamos eliminados, a manos de Rumania, en octavos de final.

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