De la última reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, donde se encuentra la denuncia realizada por el abogado Eduardo Andrada contra los jueces José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva surgieron tres despachos de comisión -uno por la mayoría, a favor y dos por la minoría, ambos en contra-.
En las últimas 24 hs estos despachos implicaron algo más. Sucede que la oposición en la cámara baja, es decir el FCS-Cambiemos, solicitaron a al presidente del cuerpo Fernando Jalil una sesión especial posterior a navidad. ¿Para qué? Justamente, darle tratamiento al pedido de juicio político iniciado por Andrada. 
Los peticionantes son Alejandra Pons, Víctor Luna, Francisco Monti, Humberto Valdez, Genaro Contreras, Luis Lobo Vergara, Gustavo Sosa, Marita Colombo, Carlos Masilli, Ruben Herrera, Verónica Rodriguez Calascibetta, Marisa Noblega, Paola Bazán, Juana Fernández y Rubén Manzi. En la nota del pedido no figuraba la firma de los dos diputados macristas: Carlos Molina y Enrique Cesarini.

Fundamentos
El petitorio toma como puntapié la ley 4971, referido al juicio político, con lo cual entienden que el “trámite está en condiciones de que aquellos dictámenes sean tratados por la cámara baja para que la misma vote sobre la prosecución del juicio político”. 
Además, “al verse cuestionados miembros de un órgano que conforma una de las cabezas del Estado, la cuestión no debe dilatarse en tanto se estaría poniendo en tela de juicio el correcto funcionamiento del poder judicial”.
Los firmantes rescatan dos artículos de la Constitución provincial: el 88, que garantiza la celeridad del tramite admitiendo la prorroga de ser necesario; y el 91, donde la cámara puede prorrogar por si misma sus sesiones sin necesidad de que el Senado lo haga.
Mencionan que el juicio político, por su naturaleza, es un proceso que atañe exclusivamente al Legislativo “sin intervención alguna del Ejecutivo, y a este cuerpo en particular acusar ante el Senado a los funcionarios sujetos al juicio político (art 76 inc 3)”.
Sostienen que “resulta elemental la prerrogativa de este cuerpo en cumplimiento de la manda constitucional prorrogar sesiones para tratar un tema tan delicado como este, que no admite bajo ningún punto de vista, demora alguna”. 
Otro de los puntos sobre los que basan su petición es el artículo 38 de la ley 4971 donde se indica: “Cuando se esté tramitando un juicio político, podrán prorrogar las sesiones hasta su conclusión prescindiendo de que el Ejecutivo incluya o no el tema en las sesiones de prorroga o extraordinarias; a tal efecto las respectivas cámaras se autoconvocarán a sesiones de prorroga”.
De esta forma, la oposición apura al oficialismo proponiendo como fecha de sesión especial el 26, a las 18.00 hs, el mismo día que presumiblemente se realice la última sesión extraordinaria.

Pedido informal
Aunque se desconoce la respuesta del presidente de la Cámara al pedido de tratar el juicio político contra Cáceres y Sesto de Leiva en una sesión especial el próximo miércoles, opiniones calificadas y de conocimiento parlamentario entienden que reglamentariamente no tiene sustento.
Primero porque en el período de sesiones extraordinarias únicamente se tratan proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, que no es el caso del juicio político. Apoyarse en el antecedente de que se convocó a una sesión especial para tratar la suspensión de las PASO no es válido. Ello ocurrió en el período ordinario, el que finalizó en noviembre. La aprobación del juicio a los jueces requiere mayoría calificada, es decir de los dos tercios del total de la Cámara, 27 votos. ¿Cómo puede convocarse, entonces, a una sesión especial para tratar un tema de semejante envergadura si no está asegurada la presencia de los 41 diputados?