Fue comidilla de los políticos durante los últimos años. Y terminaron discutiendo, sobre el filo de 2018, el mismo tema. Nos referimos a la famosa deuda que la empresa de Energía de Catamarca mantiene con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Del orden de los 3.000 millones de pesos, especialmente en boca de los diputados Lobo Vergara y Marita Colombo, fue argumento para tratar de ensombrecer lo mucho y bien, dentro de lo posible, que se hicieron las cosas para tratar de enmendar el desastre que dejó la administración de los hermanos Taselli, concesionarios del servicio por más de una década. Con solo recordar que, a fines de 2011, a Catamarca le faltaba un tercio de energía para atender la demanda de la época y los cortes, en invierno y verano, alcanzaban una frecuencia de martirio para los ciudadanos, lo decimos todo. Agregamos algo más. Cuatro meses antes de asumir, la actual gobernadora comenzó a gestionar, ante el anterior gobierno nacional, la adquisición de equipos a gasoil que se instalaron en el Oeste catamarqueño, en Pozo El Mistol-Valle Viejo y en el norte de la Capital, en cercanías de la Gruta de la Virgen. De no haber sido por aquella gestión, habría iniciado el primer mandato en medio de las tinieblas “taselianas”.

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Lo cierto y concreto es que la deuda creció y llegó a una cifra que, políticamente, trató de ser aprovechada por los opositores nombrados anteriormente. Con obstinación, en innumerable sesiones de la Cámara de Diputados, plantearon por qué no se pagaba en tiempo y forma la energía, lo que llevó a convertirlos en procuradores virtuales de CAMMESA, conforme a la devolución de gentilezas que ensayaron, como réplica, los peronistas. Más allá de los cruces, cuesta entender cómo los propios representantes de Catamarca se molestan por una morosidad que tiene explicaciones y que surge, entre otros motivos, de la deuda que mantienen organismos públicos y municipales (se incluyen allí administraciones radicales) y que ascendería a los 700 millones o del año completo que, por decisión de la Corte de Justicia, no se pudo aumentar la tarifa, lo que determinó otra millonada de pesos que CAMMESA facturó a precio de oro y Catamarca, por un amparo del Frente Cívico, debió vender en valores irrisorios en relación al costo de la energía. También hay que contar los que, colgados, roban energía que religiosamente hay que pagar y nadie los castiga. En fin, son muchos los factores a analizar, pero lo llamativo es que haya legisladores que actúen directamente en contra de los intereses de la provincia. Pretenden, sin dudas, que Catamarca caiga en default y que la Nación ayude a esquilmarla. Por suerte, semejantes desatinos (recordemos que hasta proclamaron que la empresa CAMYEN le pague un canon mayor a Fabricaciones Militares por la explotación de Capillitas) no pudieron avanzar y el gobierno local tuvo la capacidad, para disgusto de la sucursal de Cambiemos, de saber negociar las cuestiones básicas.

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El round final de la “cuestión CAMMESA” ocurrió en lo que fue la última sesión del año. Como debía aprobarse el acuerdo Nación-provincia para que se abone la deuda con bonos del tesoro que, oportunamente, repartió el gobierno central entre las 24 administraciones del país por el plan “solvencia fiscal”, a contramano de lo resuelto por el macrismo, Cambiemos local buscó poner piedras en el camino. Es decir, no quería que se favorezca el gobierno de todos los catamarqueños y, si fuera posible, que desde CAMMESA corten la provisión de energía. La rendición de cuentas que pedían fue, en realidad, un pretexto, lo que significa en términos políticos otro “pelotazo en contra”. Antes de hablar de energía, Lobo Vergara, Colombo y compañía deberían recordar que hubo en Catamarca, por más de una década, un pésimo administrador como Taselli, hoy requerido por la Justicia federal. También contemplar que los tarifazos llegaron y llegan desde Nación. Ahora mismo, dentro de pocas horas, miles de beneficiarios de la tarifa social deberán comenzar a pagar la energía de su propio bolsillo y, por los silencios, no parece ser problema para una oposición indolente frente a las penurias de la pobreza. Cambia la cuestión si se trata, con razón o sin ella, de atacar al gobierno. En tal caso levantan la voz y, sin hesitar, marchan a asentar denuncias judiciales que, por endebles, jamás se resuelven. ¿O, acaso, estamos mintiendo?

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Un problema que asoma y que nadie, a ciencia cierta, sabe cómo habrá de resolverse tiene que ver con el transporte público. La quita de los subsidios que dispuso el gobierno nacional a partir del 1 de enero, al menos en Catamarca, va a traer “mar de fondo”. Los empresarios, como lo venimos anunciando en los últimos meses, plantean que mantener el servicio sin ayuda oficial es misión imposible. Y, honestamente, no exageran. Si con el subsidio, al menor este año, hubo retracción en las frecuencias y se produjeron numerosos despidos, sin ese aporte el funcionamiento puede convertirse en un caos. El cuadro de desolación se completa con los comentarios que llegan desde el gobierno provincial y hablan que puede haber alguna ayuda, pero nunca en la medida de compensar lo que ya se perdió. Tema grave el del transporte que, a partir de marzo, se sentirá con fuerza.

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Los festejos de la nochebuena, aunque no hubo gran información al respecto, provocaron desórdenes generalizados en la zona de los boliches, donde hasta bien entrada la mañana se congrega la juventud durante los fines de semana. Las peleas, adentro y fuera los locales bailables cercanos al Predio Ferial, fueron innumerables y, por lógica, demandaron la ímproba tarea de las fuerzas policiales, siempre expuestas a la agresión en este tipo de embrollos. Ojalá el advenimiento del año nuevo sea más tranquilo y no tengamos que lamentar hechos de consecuencias desagradables. Todo un desafío para las fuerzas del orden y para los propietarios de los negocios más convocantes, responsables directos del desmedido expendio de alcohol.

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Digamos que, a partir de la fecha, se inicia el tiempo para una eventual convocatoria a elecciones provinciales, sin PASO, en el mes de marzo. Conforme a lo que establece la Constitución, con una anticipación de 60 días, la gobernadora puede determinar “un domingo de marzo” para que los ciudadanos elijan a sus autoridades ejecutivas y legislativas de todo nivel. Con ese dato, si Corpacci quisiera llamar para el 3 de marzo, por ejemplo, tendría que firmar el decreto respectivo el próximo miércoles 2 de enero. Siempre respetando el plazo previo de 60 días, de la misma forma, podría llamar para el 10, 17, 24 ó 31 de marzo. Esta fecha, cabe destacarlo, determinaría el último plazo del Poder Ejecutivo: el 30 de enero de 2019. Naturalmente, queda la chance que Lucía Corpacci no firme ningún decreto veraniego. En ese caso, automáticamente, la elección pasa a octubre en coincidencia con la convocatoria nacional. En cualquiera de las variantes, por lo antes explicado, la clase política estará muy atenta a lo que vaya ocurrir. En modo especial la alianza Cambiemos que, por las dudas, ha pedido a la Justicia que la ley que suspendió las PASO sea declarada inconstitucional.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” con la memoración de los hechos del pasado. A finales de 1993, exactamente el día 30 de diciembre, el exSecretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, doctor Raúl Cipitelli, pedía el apartamiento del juez federal de aquel entonces, Adolfo Guzmán, en una causa por la ocupación del espacio aéreo. Este último, en calidad de defensor federal había actuado en el juicio y le regularon en concepto de honorarios la suma de 530.000 dólares, cifra por la cual solicitó el remate de bienes municipales. De allí la réplica por considerar que el remate o el embargo de las cuentas bancarias ponían en jaque la estabilidad económica-financiera del municipio.

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También en diciembre de aquel año seguía en el tapete la llamada “Tragedia de la Alcaidía” por la cual, el 23 de noviembre, habían muerto encerradas en los calabozos 13 personas en la vieja cárcel de avenidas Güemes y Virgen del Valle. En una de las instancias políticas del caso, los exdiputados Víctor Uriarte y Jorge María Ponferrada habían denunciado penalmente a Arnoldo Castillo, Simón Hernández y Jorge Acevedo, supuestamente por haber roto los precintos que en la escena del crimen había colocado el juez de Instrucción de la época, Manuel de Jesús Zeballos. Sin embargo, a las 48 horas, el magistrado aclaró que no había puesto precintos, lo que llevó a que el exfiscal Juan Carlos Reynaga desestimara la denuncia. Mientras tanto, Ponferrada declaraba que “el juez Zeballos es el abogado defensor de Castillo”. La situación determinó una nueva marcha del silencio de los familiares de las víctimas. Fue el 14 de diciembre de 1993 y sería la última en memoria de los fallecidos.