La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor -a cargo de Matías Olmos- sancionó a tres financieras locales y, al mismo tiempo, clausuró a una de ellas.  La primera medida fue aplicar una multa por $160.000 al trío de prestamistas. Sucede que se comprobó que las mismas habían incurrido en infracción a la ley de Defensa del Consumidor y a normativa de Lealtad Comercial. 
En cuanto a la clausura preventiva, personal de la Dirección constató una serie de irregularidades de suma gravedad. Es que, según señalaron desde el citado organismo, se hizo firmar documentación a una persona del interior provincial y de escasos recursos quedando obligado a pagar con un interés del 400 por ciento un préstamo de 18 cuotas.
De acuerdo a lo que pudo conocer este medio, con una de las financieras se ordenó no tener por convenida algunas cláusulas establecidas. Entre ellas, a la persona del interior provincial se le hizo fijar domicilio en Rosario, situación que está prohibida por la normativa vigente. Sucede que, si en el futuro el individuo es demandado, sería en la Justicia rosarina con lo cual no se enteraría. 
Además, dentro de las cláusulas se le hacía renunciar al individuo a los derechos que tiene en función de la garantía de defensa de juicio. Es decir, negarle la posibilidad de apelar, entre otros. 
Tras resolver, el funcionario destacó que las irregulares “condiciones de prestación de servicios financieros afectan el interés general” puesto que “contribuye a ese circuito de empobrecimiento en el que han quedado atrapados tantos consumidores locales que se ven urgidos de tomar créditos que en su mayoría son destinados a costear gastos familiares corrientes, o lo que es peor aún, a cancelar otros créditos de las mismas características”.
Cabe señalar que la Dirección ordenó remitir los antecedentes a la Justicia Penal, a fin de que investigue la posible comisión de algún delito.
Finalmente, Olmos mencionó que se encuentran tramitando varios sumarios más por hechos similares.