Según publicó Ámbito Financiero, el Gobierno nacional intenta conjurar cualquier intento judicial que pueda revertir la quita del fondo sojero a través de los tribunales. Sucede que a través de la Federación Argentina de Municipios (FAM), un nutrido grupo de intendentes peronistas (donde participaron Sebastián Nóblega y Guillermo Ferreyra entre otros) habían reclamado a través de un amparo la restitución del Fondo Federal Solidario (FFS). 
Ahora, emulando la estrategia de centralizar los reclamos que había implementado con éxito en el caso de los aumentos tarifarios, la Casa Rosada volvió a apostar a centralizar las acciones judiciales en el estratégico fuero Contencioso Administrativo Federal. Ya tuvo un guiño: a las demandas se les dio tratamiento de proceso ordinario, lo que extiende los tiempos de resolución y evita medidas cautelares que frenen la vigencia de la disposición.
Tras ese expediente hubo múltiples presentaciones de otros municipios ante los juzgados federales según su competencia territorial. Antes de que esos casos prosperen, el Gobierno se presentó en cada uno de esos juzgados a pedir la inhibitoria de los magistrados. No con un llamado para que se agrupen detrás de la FAM, sino para que realicen los planteos ante el fuero Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.
La presentación original solicitaba “la remoción de la norma inválida por contradecir prescripciones constitucionales a fin de que no se afecten los recursos de las municipalidades, declarando la vigencia de las normas creadas por el Decreto N° 206/2009 y las obligaciones asumidas en esa norma de rango legal por el Gobierno y en la ley 27.431 de Presupuesto para el año 2018” y que el Estado sea condenado a girar los fondos comprometidos. Al no tramitarse como amparo la declaración de inconstitucionalidad quedó en un limbo. “La decisión del Congreso expresada hace escasos ocho meses fue la de mantener el Fondo Solidario”, indicaba la demanda en referencia a la ley presupuestaria del año pasado.
Además, calificaba al decreto como “un acto antidemocrático, antifederal y autoritario”, además de inconstitucional por no haber motivos “ni de necesidad ni de urgencia” para su dictado.
Obviamente, todas las actuaciones sufrirán el parate de la feria judicial de enero, por lo que la definición se estirará entrando el año que comienza.