Las redes sociales se afianzan como tribuna política, y si un salto de calidad ofrecen en los últimos tiempos, es que la plataforma ya no se limita a un terreno para la discusión entre militantes -como ocurría al comienzo- sino que se incorporan cada vez más voces calificadas para sumar su parecer sobre la coyuntura. En ese rumbo, se inscribe un comentario compartido esta semana por el abogado Eduardo Andrada, quien expresó su opinión sobre el recurso judicial que el Frente Cívico y Social - Cambiemos interpuso ante la decisión legislativa de habilitar al Poder Ejecutivo Provincial a suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Recurriendo a la memoria y su propio conocimiento, el letrado señala como incongruente que los legisladores de la oposición pidan “certeza jurídica a una Corte de Justicia que tiene denunciados a dos de sus miembros”, en referencia al proceso de juicio político que avanza, precisamente, por iniciativa suya, por cuestiones ampliamente analizadas en esta columna.

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Andrada se interna luego en el tema electoral y menciona que “Los representantes Frente Cívico y Social interpusieron una acción declarativa de certeza ante la ley que suspendió las PASO para cargos electivos provinciales y municipales por 120 días” y “simultáneamente solicitan una medida cautelar de no innovar para que el Gobierno se abstenga de convocar a elecciones en marzo, previa habilitación de feria judicial para el tratamiento del planteo. El Frente Cívico y Social en el ámbito más propicio para el desarrollo de su ‘actividad política’, la justicia, insisten en lograr una medida que condicione al Poder Ejecutivo de la Provincia en sus facultades constitucionales, sin que esté vencido ningún plazo legal para el llamado a las elecciones de ‘medio término’. Cabe recordarles que bajo el gobierno de Arnoldo Castillo - Frente Cívico y Social, el 27 de abril de 1997 se realizaron las elecciones de renovación diputados provinciales. La decisión del entonces gobernador violó la Constitución de la Provincia de Catamarca en su art. 90: ‘Las elecciones para la renovación de las Cámaras Legislativas se realizarán en día domingo del mes de marzo y, si hubiera elecciones nacionales, se realizarán simultáneamente’. En igual sentido de violación el art. 149 El Gobernador es el Jefe del Estado provincial y tiene las siguientes atribuciones y deberes; inc. 9º ‘Convocar a elecciones en las oportunidades previstas en esta Constitución o en las leyes que así lo determinen, convocatoria que no podrá diferir por motivo alguno’.

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Concluye el mensaje publicado en Facebook: “La recurrente utilización de artilugios legales por parte del F.C.Y S. no resulta extraña o antojadiza teniendo en cuenta los múltiples beneficios otorgados por la Justicia de Catamarca para la perpetuación en el poder por más de 20 años”. El hecho histórico al que se refiere Andrada es la artimaña utilizada por el entonces gobernador Castillo para eludir el mandato constitucional que impone que las elecciones se realicen en marzo u octubre. Lo que hizo Don Arnoldo fue llevar las elecciones intermedias hasta abril, luego de dar a conocer un decreto que convocaba a votar en marzo, pero hacía coincidir la elección con Semana Santa, de modo que los comicios tuvieran lugar el domingo de Pascua. Lo que la oposición señaló ante aquella circunstancia fue que premeditadamente se eligió la fecha de celebración religiosa para que no se pudiera votar en marzo. En efecto, el acto democrático se aplazó hasta el mes siguiente, y la maniobra se justificó en un “pedido de la Iglesia”. Una irregularidad de magnitud sin par, que permitió desoír la Constitución y que, como bien observa Andrada, encontró al FCS con una actitud cómplice, muy lejana a la estricta postura que se asume ahora.

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En tiempos en que el empoderamiento femenino avanza como un tsunami sobre la consideración pública, se difundió un interesante informe sobre los espacios reales que ocupa la mujer en los cargos más altos de la función pública. Aunque no supere el nivel anecdótico, resulta toda una curiosidad que Córdoba, Buenos Aires y Catamarca son las únicas provincias que no tienen participación femenina en el gabinete. El mayor porcentaje se da en Santa Cruz, Mendoza y Entre Ríos, con el 50 por ciento exacto de distribución de ministerios por género. El trabajo, del periodista Ariel Basile, señala que las prédicas de igualdad de oportunidades y las políticas de género caen en el vacío en muchas provincias, donde apenas el 20 por ciento de los cargos ministeriales son ocupados por funcionarias mujeres.

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Las leyes de paridad, que se aplican en varios distritos, abarcan cargos electivos, pero los gabinetes son formados a discreción por el Poder Ejecutivo. El informe toma en cuenta los departamentos que tienen rango ministerial, según los organigramas oficiales de cada provincia. Allí se menciona como rareza que precisamente dos provincias gobernadas por mujeres, como Buenos Aires de María Eugenia Vidal (Cambiemos) y Catamarca de Lucía Corpacci (PJ) no tienen ministras en su gabinete. Y la fueguina Rosana Bertone, también justicialista, apenas tiene una funcionaria en 11 ministerios. La mandataria restante, Alicia Kirchner (FPV), sí tiene la mitad del gabinete conformado por mujeres.

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La situación no difiere en el plano nacional, donde Mauricio Macri, sobre 10 ministerios solo tienen silla Patricia Bullrich (Seguridad) y Carolina Stanley (Salud y Desarrollo Social). Como salvedad, puede recordarse que a lo largo de su gestión Lucía Corpacci tuvo ministras, como Noemí Villagra en Salud y María Julia Acosta en Educación, así como puso mujeres al frente de importantes áreas (Natalia Ponferrada en Turismo, Patricia Saseta y Jimena Moreno en Cultura, o Ana María Garay, la primera dama que asumió como sububjefa de la Policía de Catamarca, entre otras). Pero  estos casos, a lo largo y ancho del país, no dejan de ser rarezas, y la tendencia que muestra supremacía masculina en los cargos públicos sigue siendo una realidad, y llevará tiempo modificarla. Incluso en Argentina, que tuvo ya dos mujeres en la Presidencia: María Estela Martínez de Perón y Cristina Fernández de Kirchner: un detalle, ambas sucedieron en el cargo a sus esposos.

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Vale el esfuerzo de las autoridades de la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca, que lanzaron una singular campaña bautizada “Mejor sin Sorbetes”. El propio titular del área, Juan Rosales, recorrió distintos locales comerciales de la ciudad para invitar a dueños y consumidores a cambiar las tradicionales “pajitas” por otras de material biodegradable. El asunto es más serio de lo que se puede presumir, ya que un simple sorbete demora dos siglos -sí, doscientos años- en degradarse, y una medida que se podría tachar de intrascendente, en realidad merece el apoyo de quienes realmente se preocupan y ocupan por la salud del medioambiente. Es verdad que esta clase de acciones pueden tener escaso impacto frente al nocivo accionar de las grandes industrias del mundo, pero como enseña el famoso proverbio: “Más vale encender una vela que maldecir la oscuridad”. A propósito de este tema, sería interesante que alguna vez se efectivice el cumplimiento de la normativa que prohíbe la utilización de bolsas plásticas en supermercados y comercios. Aunque fue aprobada y reglamentada hace varios años, en la práctica nunca se cumplió. Por lo pronto, se puso el foco en los sorbetes, y ya se anunció que la tarea continuará durante la temporada estival en las villas veraniegas de El Rodeo y Las Juntas. Una buena iniciativa.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” de la fecha con la memoración de los hechos del pasado. A comienzos de 1994, los gobernadores de todas las provincias y los jefes opositores se preparaban para encabezar las listas de candidatos a constituyentes, cuya elección estaba prevista para el 10 de abril. En nuestra provincia, por el lado de la oposición, se descontaba que el primer candidato sería el exgobernador Ramón Saadi, en tanto en el oficialismo no había definiciones. En este sector, aunque pareciera una quimera, se analizaba la posibilidad de hacer una lista única entre todos los partidos, en una réplica a lo que se pensaba llevar a cabo en la provincia de Córdoba. Para el gobernador de la época, Arnoldo Castillo, no era despreciable la idea en la medida que se respetaran los porcentajes de la elección del 3 de octubre de 1993, en la que el Frente Cívico dio cuenta del Justicialismo. Para Simón Hernández, vicegobernador hace 25 años, se trataba de algo descabellado e imposible de llevar a cabo junto al saadismo.

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Respecto a la Constituyente que iba a reformar la Constitución Nacional, hay que aclarar que el 17 de diciembre de 1993, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional tomó estado parlamentario y, dos días más tarde, comenzó el debate. Finalmente, el 29 de diciembre de aquel año, en trámite express, el Senado de la Nación lo convirtió en Ley y, al día siguiente, el expresidente Carlos Menem la promulgó. Por cierto, detrás de la reforma, se escondía el objetivo central del menemismo, esto es, permitir la reelección del jefe.