El juez Federal II de Tucumán, Fernando Poviña dispuso dar por concluida la investigación y elevar a juicio la causa contra un ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), como así también contra otros ex funcionarios de la Casa de altos estudios de la vecina provincia.
De acuerdo a lo publicado por La Gaceta, el ex rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola deberá responder en juicio oral por la administración de los fondos que recibió la UNT por regalías mineras entre 2006 y 2009. Está acusado por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 
También han sido imputados sus ex funcionarios Luis Fernando Sacca (ex subsecretario Administrativo), Olga Cudmani (ex directora de Construcciones Universitarias) y Osvaldo Venturino (ex director de Inversiones y Contrataciones). 
En cuanto a la causa, el mencionado diario señala que la misma se originó por una denuncia del arquitecto Ramón Eudal en 2010, a propósito de las obras que la Universidad estaba realizando con los fondos mineros, que habían comenzado a llegar en virtud de lo contemplado por la ley 14.771, de creación de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). 
Por esa norma a la UNT le corresponde el 40% de las regalías mineras para que sean usadas en la finalización de la Ciudad Universitaria. Una vez concluida, le quedarían a la UNT el 20% de las regalías, de libre disponibilidad, y el otro 20% debe ir al resto de las universidades nacionales.
El 2 de enero de 2008, Cerisola firmó un acta con el directorio de YMAD en la que se declaró concluida la Ciudad Universitaria. Con ello quedaron los fondos de libre disponibilidad. La denuncia de Eudal, determinó una investigación del fiscal federal, Carlos Brito que abarcó tanto presuntos sobreprecios en la realización y/o refacción de 13 obras en predios universitarios como la colocación de dinero en plazos fijos en entidades financieras. 
Finalmente, La Gaceta señala que Cerisola había dictado tres resoluciones (365, 366 y 367/08), que ponían a Construcciones Universitarias bajo dependencia directa del Rectorado y que permitían que los fondos de YMAD no fueran usados bajo la Ley de Obras Públicas N° 13.064. Las tres resoluciones, así como el acta acuerdo del 2/1/08, fueron rechazadas después por el Consejo Superior. n