El juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, dictó el auto de procesamiento contra tres integrantes de la agrupación política Martín Fierro (MF) -íntimamente ligada al Gobierno Provincial- por el delito de “estafa a la Administración Pública en la modalidad de Administración Fraudulenta, en concurso ideal”, como consecuencia de la denuncia realizada por el gerente de Empleo y Capacitación Laboral del ministerio de Trabajo de la Nación, Mariano Manzi.

Según el comunicado de prensa,  el magistrado considera que existen elementos de prueba que demuestran que Ricardo Rodríguez, como presidente, junto a Dora Cecilia Guerrero y Orlando Elieser Paredes, se quedaban con parte del dinero que percibía un grupo de personas en concepto de planes de asistencia social.

La denuncia fue realizada por Manzi a fines del año 2017, luego de que el propio Rodríguez –que además de presidir la “Martín Fierro” había sido nombrado en el área de Desarrollo Social de la Provincia- afirmara ante los medios de prensa que los afiliados a su agrupación realizaban un “aporte partidario voluntario”.

Los “afiliados” no eran más que personas de escasos recursos que buscaban obtener beneficios de los distintos programas de asistencia de los organismos nacionales, como la Gerencia de Empleo. Al ser los responsables de la agrupación quienes llevaban los listados de posibles beneficiarios, cuando recibían el beneficio los intimaban a entregar un porcentaje de sus ingresos bajo la amenaza de que les quitarían el plan. Los aportes iban de los 100 a los 400 pesos, según el monto que percibía el beneficiario.

Uno de los testimonios con los que cuenta la Justicia es el de un beneficiario del programa Argentina Trabaja, de apellido Contrera, quien narró: “Era beneficiario de un plan Argentina Trabaja, que me diera el Sr. Ricardo Rodríguez. Primero cobraba $1500 y después $1800.  (…) Cuando cobrábamos, teníamos que ir a su casa a pagarle lo que nos cobraba por tener el plan. (...) Primero, cuando cobrábamos $1500, había que dejarle $100 en su casa, y cuando empezamos a cobrar $1800 teníamos que dejarle $200”.

“En el caso de mi familia (4), todos teníamos la misma obligación, dejar el dinero en su casa. Él llevaba un cuaderno donde anotaba cuando le pagábamos y firmábamos la entrega. Además, tenía personas que lo secundaban, tipo esclavos”, dijo el beneficiario del programa. 

Así como el de Contrera, hay muchos otros testimonios en el expediente que dan cuenta de las maniobras perpetradas por Rodríguez y compañía para lucrar a través de la gestión de beneficios para los más necesitados. Los relatos son similares en cuanto al modus operandi, y en todos los casos señalan que al momento de cobrar debían llevar una parte a los domicilios de Rodríguez, Paredes o Guerrero.

Por su parte, Manzi se refirió al dictamen del juez y señaló: “Me queda la tranquilidad de que obramos con la verdad. Advertimos una situación irregular, grave, de personas que presuntamente estaban aprovechándose de gente en situación de vulnerabilidad arrebatándole una porción de un beneficio social, lo cual es además ruin”.

“Hoy la Justicia nos da la razón, ya que se han juntado elementos de prueba y se dictó el procesamiento de estos personajes, que no deben ser llamados dirigentes políticos, sino que son simplemente rateros que les roban a los que más necesidades tienen, y lo hacen amparados por el Gobierno de la Provincia”, agregó.

Cabe señalar que el juez Contreras, además de procesar a los sospechosos, trabó embargos sobre sus bienes por la suma de 30.000 pesos.