Que en el tema minero se juegan intereses políticos y empresariales ajenos a la actividad propiamente dicha, como recita el tango, “ya no hay quien lo niegue”.

Hace más de 3 años, en tiempos primaverales, comentamos algo que en el contexto político nadie, con honestidad intelectual, lo podía creer.

Siete concejales de Andalgalá, que no destacaron o brillaron por el trabajo legislativo u oratorio durante sus respectivas trayectorias, aprobaron una Ordenanza Municipal que el intendente Alejandro Páez promulgó en “un abrir y cerrar de ojos”. 
Prohibía aquel instrumento legal, todavía vigente, la actividad extractiva –léase minería- en toda la cuenta del Río Andalgalá, casualmente la zona donde se levanta el principal yacimiento (hacemos omisión expresa de Alumbrera, cuya producción llegó a su fin) del oeste minero: Agua Rica.

Aludíamos entonces a la metáfora del “traje a medida” que la política, no los concejales, le “regalaba” a la propietaria del tesoro de oro, cobre, plata y molibdeno. La multinacional Yamana –a ella nos referimos- pagaba “los platos rotos” por no disponer de una pauta publicitaria y convertirse, involuntariamente, en el jamón del sándwich de la contienda gobierno-oposición. Esta última, que tallaba y talla en “La Perla”, atendía intereses espurios y refrendaba, con la complicidad de los peronistas de aquel Concejo Deliberante, una barbaridad que no respondía a ningún anuncio previo, mucho menos al trabajo de los ediles en comisión y ni hablar de audiencia pública, un requisito casi indispensable para tomar medidas de esta envergadura.

Los autores del esquizofrénico prospecto tiene nombres y apellidos. Cuatro de ellos son radicales que responden (o respondían) a la conducción provincial: José Luis Cativa, Ivanna del Valle Flores, José Luis Olaz y Carlos Miguel Sánchez. Los tres restantes peronistas: Juan Ernesto Guerrero, Héctor Gustavo Alvarez y Roberto Oscar Nemer.

No por casualidad, hoy en día, estos “representantes del pueblo” (¿o de la rosca política?) no tienen respaldo popular. Los tres primeros acaban de participar en la primaria y “se cocinaron en su propia salsa”. Los peronistas, por andarivel aparte, no figuran y uno de ellos terminó como colaborador directo del intendente. Son los resultados objetivos de aquella absurda Ordenanza.

Ni la leyeron
¿Si decimos que, legislativamente, no se recuerda un solo trabajo de méritos de estos concejales, cómo puede ser que hayan redactado una Ordenanza de más de cincuenta páginas para que pueda ser aprobada, por unanimidad, durante una sola sesión?

Por supuesto, por el texto de la misma Ordenanza (puede ser consultado por cualquier catamarqueño en Internet), se puede responder esta pregunta y hacer agregados que, a las claras, hablan de la irresponsabilidad cometida.

Una de las afirmaciones sorprendente tiene que ver con los minerales soterrados en Agua Rica. Sabíamos del oro, la plata, el cobre y molibdeno. Con la Ordenanza aprobada en tiempo récord, descubrimos la existencia de Uranio y Torio. 

¿Alguien, aunque fuera de casualidad, tenía esta información? Si consideramos que se trata de un mineral con peso atómico y que se usa en las centrales nucleares, por la Ordenanza de Andalgalá, venimos a descubrir algo que escasea en todo el planeta.
Conclusión inevitable. Estas cosas se copiaron de alguna Ordenanza o ley de otras latitudes y como ni siquiera se corrigió, quedaron asentadas. ¡Una vergüenza! ¿Uranio en Andalgalá? ¡Por favor!

También se refiere en el texto que, antes de su aprobación, no conocía ningún andalgalense -por intuición deberíamos sumar a los 7 concejales- que en tiempos inmemoriales pudo haber habitado Agua Rica un pueblo originario, del que no hay indicio alguno.

Pero hay más “descubrimientos”. En la Ordenanza también se alude a los bosques y los glaciares.
¿Bosques? Sí. Aunque parezca mentira, los concejales aceptan que en la zona, entre los 2.600 y los 3.000 metros, hay un bosque natural. Quienes han visitado una montaña, cualquiera sea, saben que la flora de altura tiene características invariables y no son precisamente de formaciones boscosas.

¿Glaciares? Según la ley, la zona de reserva parte de los bloques helados que se ubican por encima de los 4.400 metros, muy lejos de la altura de Agua Rica. Los datos no son ocurrencia, sino que los certifica el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), por el que se sabe que en Andalgalá no existen nieves eternas, en orden a que la evaporación es mayor que precipitaciones.

Proyecto distinto
La lectura de la Ordenanza, por suerte, contrasta con los criterios judiciales aplicados hasta el presente.
El rechazo de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisito indispensable para los emprendimientos mineros, se acomodó perfectamente a lo que, en su momento, resolvió la Justicia sobre Agua Rica.

Es que la idea primigenia de los propietarios de la mina era moler el material en la ciudad de Andalgalá y desde allí realizar el transporte hacia los centros mundiales. Esa alternativa fue rechazada de plano y no hacía falta agregar una Ordenanza impregnada de condimentos políticos. Bastaba con medidas ajustadas a Derecho. Alguna vez, el juez de la causa le supo confiar a este escriba “como están las cosas, Agua Rica es inviable”.

Hoy, por las noticias más recientes, sabemos que el proyecto de explotación tiene grandes chances de ser aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional porque el escenario y las condiciones que se plantean son diferentes a las que existían una década atrás.
Alejado el peligro de la contaminación que, con la explotación del Bajo la Alumbrera, se comprobó que es posible lograrla (en la zona existen menos casos de cáncer que la media nacional), el tratado del material se haría en las instalaciones que dejó Minera Alumbrera y que, a través de su dique de cola, sacaba el mineral por Tucumán. Es decir que la ciudad de Andalgalá quedaría afuera de la traza minera y solamente sufriría los impactos, inevitables, del dinamitado de la zona explotable.

La realidad de las negociaciones para habilitar Agua Rica, por cierto, están hoy muy por encima de una Ordenanza tramposa, inconsistente y falaz que, con inconfesables objetivos políticos, se aprobó con el solo propósito de “poner piedras en la rueda”. Con solo decir que la legislación de la actividad minera no es patrimonio de ningún Concejo Deliberante sino de las provincias sobre sus bienes naturales, tal cual lo estableció la Reforma constitucional de 1994, lo decimos todo. Con un agregado sencillamente paradójico. Andalgalá y los departamentos del oeste que la circundan explotan la minería desde tiempos coloniales. ¡Cómo no pensar que la decisión de prohibir fue en contra de algo en especial!
El Esquiú