El “seguimiento” de la policía durante la visita Miguel Pichetto, Rogelio Frigerio y Patricia Bullrich llevó a que los diputados del FCS-Cambiemos planteen la situación ante el titular de la cartera de Seguridad, Marcos Denett. A través un escrito presentado ayer, los legisladores denunciaron “la violación de la ley de Seguridad Pública de la provincia en lo que concierne al desempeño irregular e ilegal de actividades de inteligencia”.

En este sentido, apuntaron a los hechos sucedidos en Valle Viejo los cuales fueron denunciados por parte del intendente Gustavo Jalile. Señalaron que hubo un “seguimiento” que “comprendía la toma de fotos en los distintos espacios en los cuales los funcionarios y candidatos se desplazaban”.

Los diputados Francisco Monti, Alejandra Pons y Marita Colombo rescataron lo establecido por la ley 5429, la cual tajantemente expresa que “en ningún caso, el personal policial de la Provincia podrá (…) obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, orientación sexual o identidad de género, opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias”.

De esta forma, remarcaron: “Es evidente que las actividades denunciadas denotan un claro hecho de realización de actividades de inteligencia ilícitas por parte de arterias de la Policía provincial, lo cual viola la ley”.

Con ello apuntaron a que “las actividades policiales o parapoliciales denunciadas activan la obligación (de la secretaría) de proceder de manera urgente a la aplicación de la ley 5429”. En ella se establece que “la Policía de la Provincia no contará con dispositivo, estructura, dependencia o unidad abocada a la obtención de información o la producción de inteligencia que no forme parte del dispositivo de inteligencia criminal establecido”. Caso contrario, “los dispositivos, estructuras, dependencias o unidades abocadas a la obtención de información o la producción de inteligencia serán desarticulados de manera inmediata”.

“Es notorio que la actividad denunciada se realiza en los suburbios de la legalidad y activa la obligación para desmantelar de manera inmediata las arterias que realicen tareas de inteligencia ilegales a fin de restablecer el Estado de derecho”, instaron con base en la ley los diputados de la oposición.