Esta columna, que tiene tantos años como el diario El Esquiú, es eminentemente política y se ve impedida hoy, por razones legales, de emitir opiniones que rompan la veda electoral o puedan influir sobre los ciudadanos que habrán de votar mañana por un presidente, un par de gobernadores –entre ellos el de Catamarca- y miles de cargos legislativos a lo largo y ancho del país.
Sin salir de las bandas de la política, sin embargo, vamos a escribir sobre política, dejando de lado lo estrictamente partidario que es, precisamente, lo que prohíbe la ley.

Buen momento para analizar el rol que juegan los medios de comunicación en la política de todos los días y su influencia en el ánimo electoral de la gente.
 

Lejos de la objetividad
Antes de profundizar en la temática de los medios de comunicación, vale hacer un par de aclaraciones. 
La primera es reconocer que (la temática) es materia de discusión en todo el mundo y lo que llega a la Argentina son reflejos de conductas lejanas al ser nacional.

En segundo lugar ratificar, sin ambages, que no existe la objetividad periodística. Esa es melodía que solamente entonan los que directamente adolecen de la excepcional cualidad y, en altísimo porcentaje, juegan a favor de intereses subjetivos, cuando no inconfesables.

Con las aclaraciones de rigor, nos adentremos en el subyugante mundo de la prensa, convertida hoy en un factor de poder de proyecciones impresionantes.

La concentración de los grandes medios argentinos en pocas manos, en los últimos treinta años, ha determinado una situación que, digamos la verdad, está afectando los cimientos de la democracia y el sistema republicano.
Así, los tres poderes del Estado, los que señala la Constitución, han sido desbordados por el omnímodo del periodismo o de los factores decisorios que se mueven detrás de la noble profesión.

Un presidente de la Nación, cualquiera sea, tiene en la Argentina siglo XXI especial cuidado (¿o temor?) con la comunicación y, desde el arranque, busca cooptar a los medios en una relación un tanto desigual. Estos últimos pueden decir lo que quieran del político y, vaya privilegio, cuentan con la inmunidad de no ser replicados. Si ocurre tal van a saltar las corporaciones, que existen y se multiplican, a proclamar avasallamientos de todo tipo. Hablar mal de un periodista o contestarle con firmeza puede ser delito de lesa convivencia en este convulsionado país que tanto decimos amar.

Un proyecto de Ley no parece ser decisión exclusiva de las mayorías legislativas, incluyendo a las circunstanciales. El diputado o el senador piensan primero en lo que va a decir la prensa y hasta consulta con ella antes de avanzar.
Ni hablar del Judicial, el tercer y estratégico poder del Estado. Cada fallo importante, más si están involucrados políticos o empresarios, pareciere condicionado a los humores del poder mediático.

Con la descripción precedente, hay que concluir que la esencia democrática está desnaturalizada o trastrocada. En ningún texto constitucional se habla que los tres poderes van a estar sometidos a lo que diga un medio o un periodista, por temibles o famosos que sean.

¿Y quién tiene la culpa que esta realidad esté determinando los rumbos de la Argentina? Por empezar los propios políticos ganapán y cuida-imagen y, en grado menor, los ciudadanos que, en definitiva, por bronca o ignorancia, permiten los desfasajes institucionales.

La pauta publicitaria
Quién puede discutir que los derechos a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión, en un marco de pluralidad, son presupuestos esenciales de la democracia. Nadie. Son indiscutibles y, por ello, el Estado tiene la obligación de garantizarlos como una forma de asegurar la publicidad de los actos de gobierno.
Esto, como definición está bueno, pero hay que hablar también de la relación casi pecaminosa de los gobiernos con los medios de comunicación, la que se materializa a través de la famosa pauta publicitaria. Los inquilinos temporarios del poder la manejan con discrecionalidad para asegurarse coberturas y, fundamentalmente, blindajes.
Allí mismo, queda claro, muere la objetividad. 

Una pauta demasiado jugosa cambia el deber ser del periodismo. Sin siquiera hablar de un tráfico espurio, casi inconscientemente, los medios van a defender esos ingresos otorgando espacios estratégicos a los ocasionales benefactores o, principalmente, mirando para otro lado en las cuestiones vidriosas.

Así funcionan los medios en la Argentina y, con igual o mayor rigor, en Catamarca.
Si nos detenemos en la provincia, lamentablemente, concluimos que los medios locales son pauta-dependientes. No hay ninguno, por poderoso que sea o se proclame, que pueda observar independencia y hacerla valer para ejercitarla. Todos, sin excepción, viven o superviven colgados de las ubres del Estado.

Una muestra de rebeldía, lamentablemente, puede terminar con un colapso empresarial, con todo lo que arrastra. Problemas con la justicia, despido de empleados, denuncias, etc.

Dramas opositores
La situación tan particular de los medios locales, siempre abordando la política, deriva en problemas que están más allá de la falta de objetividad. Los sufre el ciudadano que no está bien informado y los padece la oposición, que no tiene ni busca medios para contrarrestar el accionar de los gobiernos. Ocurrió siempre y, no por casualidad, la inmensa mayoría de los resultados electorales parecen fijados de antemano. Es sorpresa mayúscula si festeja un gobernador, un senador o un intendente que milite en la oposición.

Por haber pasado tantas elecciones en tiempo democráticos, estamos acostumbrados a las quejas y lamentos de quienes transitan las veredas no oficialistas. 

A esta altura, como la prensa si tiene que ver con la política, los políticos tienen la obligación de saber cómo funciona la prensa y no esperar un proceso electoral para descubrir y redescubrir que el actor principal, invariablemente, es el gobierno de turno. En la Nación, las provincias o los municipios. 

En el caso de Catamarca los antecedentes indican que nadie puede alegar ignorancia porque las fuerzas principales, con sus aliados, estuvieron alguna vez en la cima del poder y supieron hacerle sentir el peso del Estado a los políticos que perdían las elecciones.

Llegamos al final del análisis con algunas conclusiones de preocupación por el señalado rol de la prensa. 
Independiente de lo que ocurre en otras latitudes, en la Argentina no funciona bien y las cosas seguirán de la misma dirección si la política que, según la ocasión, la sufre o la aprovecha, no se anima a producir una reforma que asegure pluralidad verdadera y garantías palpables a favor de la libertad de expresión, que es un derecho de los ciudadanos, no de los gobiernos.
En países como los Estados Unidos, pioneros en materia de legislación, los grandes medios comunican al pueblo cuáles son sus preferencias políticas, pero aseguran el derecho a expresarse a quienes piensan distinto. De esta forma, el fair play periodístico está asegurado. 

En la Argentina, llegar a ese entendimiento sería como “soñar despiertos”. Los poderosos de estas tierras conciben una prensa a la que ellos mismos llaman independiente, un slogan absolutamente vacío. Tan irreal como Papá Noel. Sólo defienden intereses propios o del sector económico al que pertenecen. Y, para que llore la democracia, marcan los ritmos de la política. 
Afirmamos estas cosas, por las dudas lo aclaramos, a sabiendas que nos tocan “las generales de la ley”.

El Esquiú