El nuevo gobierno recibe una situación económica sumamente delicada que lo obligará a balancear entre las expectativas sociales por avanzar en las abultadas demandas insatisfechas y las restricciones económicas que le impone la verdadera pesada herencia que deja el gobierno de Macri.

Basta mencionar a la abultada carga de los vencimientos de la deuda; la sangría de reservas en el contexto de la fuga de capitales (más de 80 mil millones de dólares durante la gestión macrista) que es la contracara del endeudamiento en procesos de valorización financiera; la crisis económica con especial énfasis en las actividades productivas; el régimen de alta inflación que conllevó una profunda caída de los ingresos reales de los sectores populares, y, entre otros, el salto de la pobreza que llevó a que no menos de 4 millones de personales caigan por debajo de la línea de pobreza.

Se trató de una crisis autoinducida. No porque no hayan existido restricciones previas, sino porque la profundidad y naturaleza de esta crisis eran evitables ya que son consecuencia de la valorización financiera que puso en marcha la administración Macri.
Por lo tanto, el nuevo gobierno deberá ponerle fin a la especulación financiera, lo que involucra la implementación de diversas medidas. 

En primer lugar, reducir la tasa de interés y aumentar las retenciones a las exportaciones -no solo de bienes agropecuarios sino también de commodities industriales- para mitigar el impacto de la devaluación en los precios internos que se deriva de la reducción de la tasa de interés.

En segunda instancia, avanzar en el arduo proceso de renegociación de la deuda que permita distender la “brecha externa” sumamente afectada por los vencimientos de la deuda de corto plazo y en moneda extranjera a la que incurrió irresponsablemente el macrismo (el FMI proyecta que los vencimientos totales alcanzan a 79 mil millones de dólares en 2020).
En tercer lugar, impulsar una recomposición de los salarios reales y las jubilaciones como vía inductora de la reactivación económica. 

Tal recomposición debería contemplar las diversas trayectorias salariales durante estos cuatro años. Por ejemplo, de las 295 ramas de actividad en el sector privado, 116 tuvieron caídas de más de 20 por ciento en los salarios reales desde noviembre de 2015 hasta junio de 2019, 133 ramas evidenciaron una merma de entre el 10 y el 20 por ciento, 34 de menos del 10 por ciento, y solo 12 incrementaron sus salarios reales. 
Cabe señalar que peor es la situación de los trabajadores de la administración pública nacional (reducción del 31,8%) y de los no registrados. 

Todas estas estimaciones empeorarán en el segundo semestre del año.

Por último -aunque obviamente sin pretender dar respuesta a los múltiples desafíos que plantea y exige el actual escenario económico-, se deberá llevar adelante un arduo control a la fuga de capitales, que es probablemente el mayor escollo de la economía argentina. No se trata de un mero control en el mercado de cambios, sino de instalar un sistema de “premios y castigos” lo suficientemente explicitado y de cumplimiento efectivo que deberá estar acompañado por una activa política industrial que promueva la formación de capital en el ámbito doméstico. 

De nada servirá un acuerdo económico y social si no se logra reactivar la inversión -o lo que es casi lo mismo: reducir la fuga de capitales- de modo de hacer sustentable la expansión del empleo y los salarios.

Por supuesto que es un paquete de medidas que resulta más fácil decirlo que hacerlo, dado que implica asumir las dificultades derivadas de enfrentar a importantes y poderosos sectores empresarios, académicos y políticos. 
Sin embargo, tales dificultades no serían más serias ni más riesgosas que las que se desprenderían de no hacerlo o de llevar adelante una estrategia de conciliación de intereses inadecuada.